Comunidades y colectivos ambientales de la Cuenca del Alto Atoyac pidieron al gobierno de México incorporar un plan de salud para atender a las personas afectadas por enfermedades derivadas de la contaminación industrial.
Así lo informaron en un comunicado publicado el 19 de julio el Grupo de Pastoral Social de la Capilla de Nuestra Señora de la Paz, Cuautlancingo, Puebla; la Alianza Lagunera por un Ambiente Sano; el Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco; el Centro de Estudios e Investigación en Bioculturalidad, Agroecología, Ambiente y Salud, entre otros colectivos.
Respecto al Plan de Saneamiento federal de las tres cuencas más contaminadas del país, el cual incluye la del río Tula y la del Lerma-Chapala-Santiago, pobladores expresaron que las acciones para la cuenca del Alto Atoyac son insuficientes para resolver la crisis socioambiental que enfrenta la región.
Dijeron que, pese a los avances presentados el 16 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra y el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, el proyecto federal no atiende las causas estructurales de la contaminación ni contempla la participación directa de las comunidades afectadas.
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Omite restauración integral de la cuenca
En el escrito sostuvieron que la estrategia federal se enfoca principalmente en la limpieza de los ríos. Sin embargo, omite las particularidades de los territorios que intervienen. Además, deja de lado la restauración integral de la cuenca la cual incluye el suelo, el aire y los mantos acuíferos.
Las comunidades de la Cuenca del Alto Atoyac señalaron que es necesario dar atención a los impactos en la salud de la población. Dijeron que no se cuenta con un programa de atención médica para miles de habitantes que, aseguran, padecen enfermedades crónicas por la contaminación industrial.
Recordaron que diversos estudios científicos documentan daños a la salud, incluido daño genotóxico en niños, situación que calificaron como una crisis humanitaria que continúa sin ser atendida. Entre ellos, mencionaron la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Primer Informe Estratégico de 2023 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías del entonces Conacyt, ahora Secihti, .
Las organizaciones también cuestionaron que las Normas Oficiales Mexicanas vigentes resulten insuficientes para prevenir la contaminación. Explicaron que la NOM-001-SEMARNAT-2021 únicamente regula 22 sustancias y parámetros mientras que en el río Atoyac se han identificado más de 112 compuestos tóxicos.
A pesar de las plantas de tratamiento, aguas pondrán en riesgo salud de comunidades
Asimismo, advirtieron que las plantas de tratamiento de aguas residuales no resolverán la contaminación industrial, ya que las descargas seguirán conteniendo sustancias tóxicas.
Bajo este contexto, manifestaron su preocupación con la propuesta de destinar las aguas tratadas y los lodos resultantes a ejidos y comunidades agrarias. Las comunidades de la cuenca del Alto Atoyac afirmaron que, a pesar su tratamiento, la contaminación en el agua seguirá representando un riesgo para la salud y el ambiente.
Otro de los señalamientos de las comunidades fue debido a las acciones penales contra las empresas responsables de la contaminación.
Los colectivos acusaron que el plan gubernamental privilegia inspecciones, multas y mecanismos para condonar sanciones a cambio de financiar obras de saneamiento. Por ello, aseguraron que el gobierno ejerce un “blanqueamiento” de delitos ambientales.
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Sanciones caen en pequeños negocios y omite responsabilidad de industrias
Igualmente, acusaron que las inspecciones y sanciones recaen principalmente sobre pequeños talleres familiares de lavado de mezclilla. En contraste, afirmaron que la responsabilidad de las grandes industrias permanece sin atender, afectando económicamente a familias de la región.
Las organizaciones recordaron que durante más de 30 años han documentado y denunciado la crisis ambiental del Alto Atoyac. Bajo esto, dijeron que el plan federal no incorpora el trabajo realizado por las comunidades, organizaciones civiles y la academia para diseñar soluciones integrales.
Entre sus principales demandas plantearon la participación directa, efectiva y vinculante de las comunidades en el diseño, implementación y evaluación del plan de restauración.
De igual manera, exigieron que se garantice transparencia en los monitoreos, investigaciones, diagnósticos y resultados de las acciones emprendidas.
Finalmente, las organizaciones reiteraron su exigencia para una restauración integral de la Cuenca del Alto Atoyac y advirtieron que no aceptarán medidas que “simulen” atender la problemática ambiental.