La Comisión de Derechos Humanos (CDH) y el gobierno de Puebla condenaron la agresión a la periodista, María Luisa Ruiz, por parte de policías municipales de Santiago Miahuatlán; por lo que dieron a conocer que inició la investigación de los hechos.
Este miércoles 14 de enero, el gobierno estatal manifestó su rechazo ante cualquier forma de amenaza, hostigamiento o intimidación al trabajo informativo.
Agregó que la Dirección de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación estatal, sigue con atención este hecho. Además, reveló que se ha puesto en comunicación con el Mecanismo Federal de Atención a Periodistas.
Asimismo, informó que la Dirección de CDH acompañará a la periodista en los procesos correspondientes en Miahuatlán que fortalezcan sus derechos para el ejercicio informativo. Esto, siempre y cuando lo determine María Luisa Ruiz.
Finalmente, destacó que la reportera tiene derecho a presentar formalmente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los hechos.
Por otra parte, la CDH de Puebla señaló que inició de manera urgente una queja de oficio a favor de María Luisa Ruiz. Debido a esto, iniciaron las gestiones y acciones por parte de la comisión por las agresiones y resguarden la dignidad y derechos humanos de la periodista.
Debido a la agresión contra la periodista María Luisa Ruiz en Santiago Miahuatlán, tanto la CDH como el Gobierno de Puebla condenaron los hechos.
Policías municipales de Santiago Miahuatlán agredieron a la periodista
A través de un video en redes sociales, la periodista María Luisa Ruiz, denunció que policías municipales de Miahuatlán la detuvieron, la agredieron físicamente e intimidaron.
La fundadora del medio digital Expresión Principio de la Comunicación señaló que los hechos ocurrieron el 13 de enero cuando cubría un hecho policíaco en el municipio.
Mientras realizaba una transmisión en vivo, los elementos le exigieron mostrar su acreditación. Al no contar con ella, la subieron a la fuerza a la patrulla.
Los policías argumentaron que “no tenía derecho a grabarlos” y la señalaron de obstaculizar el trabajo de las autoridades.
