La ASF detectó un posible daño patrimonial de 63.5 millones de pesos en el ayuntamiento de Puebla en 2024 por irregularidades en la compra de un vehículo, el licenciamiento de un software y el servicio de alumbrado; pide investigar a exservidores públicos por otros contratos.
Lo anterior, de acuerdo con la tercera entrega que hizo la ASF sobre la revisión a la cuenta pública 2024, correspondiente a los últimos 10 meses y medio de la gestión del exalcalde suplente, Adán Domínguez Sánchez. Así como del primer mes y medio del edil José “Pepe” Chedraui Budib.
En el documento, mismo que ya fue publicado, se hace énfasis en que son dos pliegos de observaciones y cinco procedimientos de responsabilidad administrativa. Este monto tendrá que ser aclarado por la actual administración municipal.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) revisó 413 millones 866 mil pesos correspondientes a 21 acciones ejecutadas por el ayuntamiento de Puebla durante 2024 con recursos federales. De ellos resultó un posible daño patrimonial de 63 millones 503 mil 693.16 pesos
La revisión se hizo en los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) y de participaciones federales.
Irregularidades en SSC y IMDP
En ese tenor, el órgano fiscalizador detectó irregularidades por 38 millones 202 mil 892.83 pesos en el contrato de adquisición de un vehículo para el Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP).
Así como por el servicio integral de gestión, modernización, saneamiento y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, artístico, de temporada y ciudad inteligente.
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Además de otros 25 millones 300 mil 800 pesos en el contrato SSC/018/2022, relacionado con el licenciamiento de software para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya que no se acreditó la entrega de las licencias ni los reportes firmados que validaran su recepción.
En el documento se detalla que no se acreditó el registro de los bienes en inventarios, ni el cumplimiento de los entregables conforme a las especificaciones contractuales, lo que derivó en las observaciones del organismo fiscalizador.
ASF pide investigar contratos de Puebla con irregularidades en 2024
Por otra parte, en la tercera entrega del informe sobre la cuenta pública 2024, la ASF le pide al ayuntamiento de Puebla que, a través de la Contraloría Municipal, abra los expedientes de investigación por irregularidades en 12 contratos de obras y servicios
Uno de ellos es por la adquisición y servicio de instalación de equipamiento tecnológico para la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI) de la SSC, por un monto de 30 millones 590 mil 400 pesos, siendo uno de los montos más altos.
Esto, ya que la ASF no encontró el folio del contrato CMA-SECATI-LP-ADS-270/2024 y no se acreditó que la empresa ganadora estuviera inscrita y registrada dentro del padrón de proveedores del ayuntamiento de Puebla.
Asimismo, el organismo fiscalizador ordenó investigar a los responsables que no integraron correctamente la documentación y que derivó en diversas inconsistencias administrativas. Entre ellos están el CONTRATO/IMDP/UAJ/022/2024, correspondiente a la adquisición de un vehículo y el OOSLMP/CONTRATO/017/2023, para acciones de limpieza de ríos y barrancas.
Lo anterior, porque se detectó que la empresa ganadora y otra más que participó en el procedimiento estaban vinculadas entre sí, lo que generó sospechas sobre el proceso de adjudicación y derivó en observaciones por una revisión deficiente de la documentación.
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ASF pide investigar obras públicas
Por otro lado, la ASF solicitó investigar contratos del ayuntamiento de Puebla de 2024 en materia de obra pública relacionados en la construcción de pavimento y obras complementarias en Bosques de Amalucan, en la colonia El Salvador, en Barranca Honda, en Guadalupe Hidalgo y del colector pluvial en el Barrio San Pedro, Santa María Xonacatepec y San Miguel Xonacatepec segunda sección.
La ASF determinó que las empresas participantes, al estar vinculadas entre sí, presentaron propuestas en el mismo proceso de adjudicación, por lo que dichas acciones implicaron o tuvieron por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida. Señaló que, en su caso, se procederá legalmente contra los servidores públicos responsables.
