La Secretaría de Gobernación (Segob) finalizó el proceso de indemnización a quienes resultaron afectados por el descarrilamiento de la Línea Z del Tren Interoceánico, a la altura de Salina Cruz. Sin embargo, como parte del proceso de reparación integral, la FGR concluyó cualquier investigación o proceso legal contra los responsables.
Es necesario mencionar que, este incidente ocurrido en diciembre del 2025 dejó a 100 personas heridas y 14 fallecidas. Ante esto, aseguraron que cumplieron con los estándares debidos que garantizaran el compromiso y respeto a las familias afectadas.
Siendo así que desplegaron a 236 servidores públicos en las distintas entidades del país, para garantizar que las víctimas recibieron una atención directa y personalizada. Por ello, resulta necesario mencionar que entre la indemnización otorgada a los afectados por el Tren Interoceánico se incluyó un acompañamiento psicológico y médico.
De acuerdo con la Segob, por razones de seguridad no se dará a conocer la cantidad que recibieron los afectados como indemnización. Pero, ante todo mencionaron que “reconocen que detrás de cada número hay proyectos de vida que merecen respeto”.
Así, reiteraron su compromiso con el bienestar de las víctimas del Tren Interoceánico, que va más allá de una indemnización, sino que también requiere que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de estos hechos.
Te puede interesar
Tras Indemnización, FGR concluye investigaciones a responsables
Cabe destacar que a la par del comunicado de Segob, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que agotaron todas las posibles causas que originaron el descarrilamiento. La titular del organismo, Ernestina Godoy aseguró que llevaron a cabo peritajes, diligencias ministeriales y análisis técnicos.
En ellos, corroboraron que la infraestructura y las vías cumplían con los estándares correspondientes, por lo que se presume que los responsables son el maquinista, el conductor y el jefe de despacho, quienes ya enfrentan procesos judiciales.
La FGR señaló que se elaboraron 230 dictámenes, en los que tomaron en cuenta factores de ingeniería civil y arquitectura, audio y video química, así como telecomunicaciones. Estos corroboraron que al momento del incidente no se tomó en cuenta el reglamento interno del transporte ferroviario.