La SCJN y el sector agrario firmaron un convenio para agilizar la atención a ejidatarios y comunidades, toda vez que México tiene 5.5 millones de titulares, distribuidos en 32 mil 500 ejidos. Ocupan cerca de la mitad del país; su protección implica preservar los modos de vida campesinos y el patrimonio biocultural de la Nación.
Así lo acordaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Así como la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN).
Bajo el eje temático: “Alianza para la defensa de la propiedad social de la tierra y el territorio” con el propósito de impulsar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En virtud de ello, se busca lograr la protección del territorio y del medio ambiente. Así como el acceso efectivo a una justicia agraria pronta, completa, imparcial y gratuita.
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Beneficios de convenio entre SCJN y sector agrario
En este tenor, la expresidenta del Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario Aquiles Serdán (Hidalgo), Irma Graciela Monroy Uribe, señaló que este convenio tiene beneficios directos en la seguridad jurídica.
Asimismo, en la agilidad de trámites y protección de derechos de los integrantes de los núcleos agrarios. Así como ejidatarios, comuneros, pueblos y comunidades indígenas, reconociéndolos como sujetos de derecho público.
Todo ello encaminado a defender el territorio, coordinar esfuerzos, compartir información pública y promover mecanismos de atención. A través de capacitación, acompañamiento y fortalecimiento, con un enfoque prioritario en derechos humanos, ambiental, social, de pluralismo jurídico, interculturalidad y perspectiva de género.
Al respecto, el ministro presidente de la SCJN, Aguilar Ortiz, afirmó que en el ámbito agrario es donde más justicia se requiere. Señaló que hay conflictos y situaciones jurídicas que han pasado por todo el proceso jurisdiccional, logran una sentencia, pero ese fallo nada resuelve y el conflicto sigue.
A su vez, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra resaltó la importancia de este convenio, ya que la protección de los derechos agrarios implica certeza jurídica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de interpretar el artículo 27 a la luz de su origen social, fortaleciendo la protección de comunidades agrarias e indígenas.
Por su parte, Luis Cruz Nieva, director en jefe del RAN, dijo que, para el sector agrario, este convenio implica una mayor responsabilidad. De ahí que debe asegurar que la justicia sea sensible a las realidades sociales, y llegue a quienes históricamente han enfrentado mayores barreras.
Este convenio pone las bases para la articulación entre la función jurisdiccional constitucional y la función administrativa registrada, permitiendo que los criterios jurisprudenciales, los estándares de derechos humanos y los principios de interculturalidad incidan, de manera sistemática, en los procesos de calificación, inscripción y certificación de la propiedad social.
