La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la reforma propuesta por el legislador Ricardo Monreal Ávila, la cual establece la injerencia extranjera como causa de anulación de las elecciones en el país. Tras la resolución, se envió al pleno de San Lázaro para su discusión y eventual aprobación.
La propuesta recibió 28 votos a favor, de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). Así como 9 en contra, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Durante el proceso, Ricardo Monreal aseguró que el objetivo de la reforma es proteger los procesos electorales y evitar un caso de injerencia extranjera de Estados Unidos.
Por su parte, los diputados de la oposición acusaron que la iniciativa busca “aislar” a México, pues consideran que, ante la falta de conceptos para delimitar las acciones, comentarios o declaraciones que podrían considerarse para anular una elección.
La propuesta de anulación de elecciones por injerencia extranjera contempla una modificación directa al artículo 41 de la Constitución. Asimismo, abarca un cambio en la Ley de Medios de Impugnación y otras disposiciones secundarias de organización electoral.
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Tepjf podría anular elecciones por injerencia extranjera
De ese modo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) tendría una base constitucional para valorar si la intervención extranjera afectó la equidad de la contienda, la libertad del sufragio o la autenticidad de los resultados.
La reforma determina que el Senado y las legislaturas estatales deberán armonizar su marco normativo para adecuarlo al contenido de este decreto. Esto, antes del 5 de junio de este año.
De aprobarse, la intervención extranjera se sumará a los motivos que actualmente contempla la ley para anular las elecciones.
En virtud de ello, la legislación actual de México establece las siguientes causas para invalidar elecciones en el país:
- Exceso en un 5 por ciento del tope de gastos de campaña, compra o adquisición ilegal de cobertura informativa en radio y televisión.
- Recepción o uso de recursos públicos de procedencia ilícita.
