La Fiscalía General de la República (FGR), judicializó su acusación hacia Javier Tapia Santoyo, exsecretario de Administración del IPN, por realizar contratos de más de 11 millones de pesos con empresas fantasmas cuando era tesorero del Issste en 2018.
Esta situación es solo una de varias investigaciones en su contra. Según la fiscalía, el funcionario estaría implicado en una red de corrupción, lo cual llevó al Instituto Politécnico Nacional (IPN) a destituir a su secretario hace 3 meses. El pasado 29 de noviembre de 2025 su destitución fue solicitada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Supuestamente, estos contratos que realizó Javier Tapia Santoyo tienen que ver con un servicio multianual de limpieza. Este servicio sería realizado por la empresa Servicios Integrales Retimar, S.A. de C.V., por un monto superior a los 2 mil 500 millones de pesos. El contrato cuenta con vigencia hasta diciembre de 2028. Pese a que el Órgano Interno de Control del IPN suspendió este servicio, miembros indican que la empresa continúa operando en el instituto.
Acusaciones contra Javier Tapia Santoyo
Tras ello, la FGR integró una carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000530/2019 por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y procesos de contratación en el IPN. En esta investigación se incluye a Tapia Santoyo como a otros dos exfuncionarios del Issste.
Además de este caso, Javier Tapia Santoyo enfrenta una denuncia en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esto por el señalamiento de la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (Acuec) por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias. Al igual que fraude en asignación de contratos públicos.
Asimismo, la FGR presentó ante la jueza Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Oriente, una adjudicación de tres contratos realizados por el exsecretario con Interacción Biomédica, en 2018 con cargos de 11 millones de pesos. Esta empresa ya era reconocida en el listado del SAT como una simuladora de operaciones. Por esta situación, enfrentó una audiencia inicial el pasado 27 de febrero.
