La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 21 denuncias en contra de 30 funcionarios de los tres órdenes de gobierno por el presunto desvío de más de 600 millones de pesos del erario público entre 2020 y 2024.
Así lo informó este martes el titular del organismo, Aureliano Hernández-Palacios Cardel, durante la exposición ante la Cámara de Diputados de los resultados de su primera fiscalización. Ello, tras asumir el cargo en marzo del presente año. Detalló que esta resolución corresponde a la primera entrega de la Cuenta Pública 2025.
La Auditoría Superior informó que las denuncias en contra de funcionarios derivan de la apertura de 31 investigaciones relacionadas con el ejercicio de recursos públicos. En estas, se incluyeron dependencias federales, gobiernos estatales y municipios.
Sumado a lo anterior, también remitió 30 expedientes por presuntas faltas administrativas graves a la FGR por posibles irregularidades de contratación pública.
Te puede interesar:
Cofepris, con denuncias de la ASF por irregularidades
El titular de la ASF detalló que las acusaciones en dependencias federales son en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Talleres Gráficos de México.
Mientras que, a nivel estatal, corresponden al gobierno de Nayarit y la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJ) de Oaxaca.
En el ámbito municipal, están las demarcaciones de Valle de Bravo y Donato Guerra, en el Estado de México; Alvarado, en Veracruz; Matehuala, San Luis Potosí, y Maratavío, en Michoacán. Señaló que todas las denuncias suman un total cercano a los 600 millones de pesos.
Durante su presentación, el auditor superior destacó la creación de la Unidad Especializada en Inteligencia y Análisis de la ASF. Dicha área es la encargada de identificar operaciones de riesgo e irregularidades mediante herramientas de investigación para los procesos de revisión de recursos.
Por último, mencionó la apertura de seis auditorías especializadas, de las cuales, dos se encargarán de la supervisión de entidades y municipios. Lo anterior, con el fin de verificar directamente la ejecución de obras, prestación de servicios, existencia de personal y la adquisición de bienes.
