A más de once años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a Defensa Nacional entregar los 853 documentos faltantes al GIEI. Ello tras comprobar que ocultó información relevante del caso.
De acuerdo con el juicio de amparo 1350/2023, publicado el 19 de febrero del presente, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como otras instancias militares deberán proporcionar la totalidad de los folios generados en 2014.
En su fallo, el Juzgado reconoce el derecho de las familias de los estudiantes a la verdad. A partir de ello, Defensa está obligada a entregar todos los documentos faltantes relacionados al caso de Ayotzinapa.
Además, establece además que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta. Ello debido a que existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad.
Familias acusan a Defensa Nacional de ocultar información
Esta resolución deriva de la demanda presentada en agosto de 2023 por las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Así, las familias señalaron la responsabilidad de diversas instancias a cargo de Defensa Nacional de ocultar documentos. La existencia de estos se reveló en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En dicho documento, el GIEI informó que accedió a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relativas al seguimiento realizado a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Sin embargo, los folios proporcionados estaban incompletos. Ello evidenció la existencia de documentación faltante y el ocultamiento arbitrario por parte de Defensa Nacional, que podría ayudar a esclarecer los hechos.
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Esto a pesar de que los indicios permiten inferir que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala. Asimismo, para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Por ello, las familias de los estudiantes desaparecidos han tenido que continuar impulsando acciones frente a los obstáculos que persisten en la investigación.
