La investigación en el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y 9 de sus funcionarios, vinculados con el narcotráfico, se investiga conforme a la ley mexicana y al tratado bilateral con Estados Unidos, así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante una rueda de prensa este 1 de mayo, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, Raúl Jiménez Vázquez, informó que, hasta el momento, no existe una solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros ciudadanos mexicanos.
Precisó que el requerimiento actual corresponde a una petición de detención provisional, en tanto se desarrolla el procedimiento conforme al tratado bilateral y la ley mexicana.
En ese sentido, la FGR explicó que los fiscales de EU tienen que acreditar con documentos y evidencias la urgencia de capturar a Rubén Rocha Moya y a los nueve funcionarios.
Esto luego de que tanto al gobernador como a los servidores públicos se les acusa de llegar al gobierno de Sinaloa con ayuda de“Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera.
Jiménez Vázquez explicó que el área de Asuntos Internacionales de la FGR analizó la solicitud de EU. Ello con apego a la normativa del tratado bilateral entre México y Estados Unidos sobre extradiciones.
De ese modo, se concluyó que no hay “ningún fundamento” que acredite la comisión de un presunto delito que derive en detención provisional.
Por ello, la FGR, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitará a las autoridades estadounidenses los documentos en contra de Rocha Moya.
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Previamente, la Fiscalía inició con las investigaciones para comprobar que existen elementos suficientes que relacionen al gobernador de Sinaloa con el crimen organizado. En esa medida también se contemplan delitos que el mandatario haya cometido en territorio mexicano.
Como parte inicial, la FGR analizará los documentos enviados por el gobierno de EU. De ese modo, determinará si existen los elementos necesarios para capturar al gobernador de Sinaloa.
Si bien la SRE recibió la petición de extradición el 28 de abril, advirtió que el expediente carece de pruebas suficientes.
