La Secretaría de Anticorrupción sancionó a las empresas Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, ATV de Sahuayo y Bernabeu México por presentar información falsa en licitaciones públicas. Las compañías fueron inhabilitadas y multadas con sanciones económicas que, en conjunto, superan los 2.8 millones de pesos.
El Diario Oficial de la Federación publicó las sanciones este 21 de julio de 2026. El primer caso fue la Impulsadora Condesa de Alimentos y Servicios, la dependencia impuso una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación de un año.
Abonó que se detectó información falsa para acreditar experiencia y especialidad durante una licitación para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el fin de dar suministro de alimentos en hospitales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) sancionó a ATV de Sahuayo con una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses el 21 de julio, por presentar documentación cuya autenticidad no pudo comprobar durante una licitación del Servicio Postal Mexicano para adquirir cascos de protección para motociclistas.
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La tercera fue Bernabeu México, empresa que recibió la multa más alta de 2 millones 36 mil 520 pesos. El Diario Oficial de la Federación publicó la resolución el 20 de julio de 2026
Además de una inhabilitación por 16 meses y 24 días. La compañía presentó 61 constancias de capacitación de información falsa y experiencia del personal.
La prestación del servicio integral de limpieza y servicios generales en instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona). Dos Bocas, en Tabasco, durante una licitación pública.
Asimismo, las otras dos empresas, Bernabeu México quedó registrada en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Lo cual, impide participar en nuevos procedimientos de contratación con el Gobierno de México durante el tiempo que dure la inhabilitación.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) señaló que estas acciones fortalecen la transparencia en las compras públicas. Además, reiteró que presentar información falsa para obtener contratos con el gobierno tiene consecuencias administrativas y económicas.
