En Izúcar de Matamoros, un hombre que estaba internado en un anexo fue trasladado a un hospital y murió; de acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba diversas lesiones y golpes múltiples; por lo que la Fiscalía de Puebla inició con la investigación del caso.
De acuerdo con el reporte, la víctima, identificada como Gaudencio de 45 años, ingresó al centro de rehabilitación conocido como “Los Panteras”.
Sin embargo, personal del anexo realizó el traslado del hombre al Hospital General de Izúcar de Matamoros, donde posteriormente murió.
Según el reporte extraoficial, el cuerpo presentaba múltiples golpes, pero por la gravedad de las lesiones perdió la vida.
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Posteriormente, acudió personal de la Semefo para realizar el levantamiento del cadáver. Asimismo, llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla para iniciar con las investigaciones correspondientes y esclarecer el caso.
Congreso de Puebla daría a SSP facultades para supervisión de anexos
El Congreso de Puebla informó que prepara una reforma para regular el funcionamiento de los anexos y otorgar facultades de intervención a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, debido a que actualmente consideran estos espacios de competencia del sector salud. En la entidad, únicamente existen 200 centros registrados.
Así lo dio a conocer el diputado de Morena, Andrés Villegas, durante una conferencia de prensa realizada este martes 19 de mayo. Explicó que la propuesta surgió tras una reunión con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el titular de la SSP, Francisco Sánchez González. Como resultado de ese encuentro, el vicealmirante al frente de la dependencia solicitó contar con atribuciones para intervenir en los centros de rehabilitación.
Andrés Villegas señaló que los anexos cumplen una función importante al brindar atención a personas con problemas de adicción. Sin embargo, advirtió que grupos delictivos usan algunos de estos establecimientos como refugios para evadir la acción de las autoridades.
La iniciativa busca fortalecer la seguridad pública y garantizar el respeto a los derechos humanos, permitiendo que la SSP pueda supervisar, intervenir y regular los centros residenciales de tratamiento para personas con adicciones.





