El exsíndico de San Pedro Cholula, Iván Minutti, permanecerá en prisión preventiva en el penal del municipio, luego de su vinculación a proceso por el delito de secuestro exprés agravado con fines de extorsión contra líderes del mercado Mercado Cosme del Razo.
De acuerdo con información difundida en medios, la Fiscalía General del Estado de Puebla sostiene que Minutti ordenó la privación ilegal de la libertad de un comerciante para obtener información sobre el administrador del mercado, presuntamente con la intención de tomar el control del principal centro de abasto.
Será en los próximos meses cuando se desarrolle la etapa intermedia del proceso, previo al juicio oral, donde se determinará su responsabilidad penal.
En caso de ser hallado culpable, Iván Minutti podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión, conforme a la legislación vigente.
El abogado del imputado, Raúl Andrade Osorio, promovió un amparo para solicitar su liberación al argumentar irregularidades en la detención; sin embargo, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Puebla, dentro del expediente 436/2026, negó la suspensión definitiva.
La Fiscalía informó que las investigaciones se sustentan en al menos siete denuncias penales. Además, desde septiembre de 2025, obtuvieron la vinculación a proceso en contra de Iván Minutti por presuntamente falsear declaraciones ante la autoridad.
Estos hechos están relacionados con lo ocurrido el 8 de julio de 2025 en el mercado, cuando un grupo de personas intentaron tomar el control del inmueble.
Tras estos acontecimientos, los locatarios acusaron a Iván Minutti, quien actualmente está vinculado a proceso, de negociar espacios con grupos externos y de proteger a los involucrados.
Investigación señala secuestro y daños al inmueble
De acuerdo con la investigación, el 2 de diciembre de 2024, Minutti habría citado a la víctima en el ayuntamiento de San Pedro Cholula, donde presuntamente le exigió información clave sobre la operación del mercado.
Posteriormente, el 8 de julio de 2025, habría ordenado privarla de la libertad para obligarla a trasladarse al inmueble.
En el lugar, mediante amenazas y el uso de un arma de fuego, se le habría exigido entregar el control administrativo.
La intervención de la Policía Municipal evitó que el hecho escalara; sin embargo, se reportaron daños en oficinas, destrucción de cámaras de videovigilancia y el robo de más de 68 mil pesos.
