Los municipios de Puebla, Tehuacán y San Andrés Cholula encabezaron el delito de violencia familiar a nivel estatal en 2025, a pesar de que disminuyeron 2 por ciento los casos, toda vez que fueron en 4 mil 266 denuncias el año pasado en comparación a 2024 con 4 mil 710.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla que evidenció a seis municipios que concentraron la mayor cantidad de violencia familiar.
En primer lugar estuvo la capital poblana con 3 mil 250, seguido de Tehuacán con 594; San Andrés Cholula con 422. En suma, dieron 4266 casos.
Asimismo, Amozoc quedó en cuarto lugar con 346, seguido de Cuautlancingo con 316, San Martín Texmelucan con 314, Huachinango con 313.
Bajo este contexto, los municipios mencionados acumularon 5 mil 555 casos, es decir, el 52.54 por ciento del total de casos registrados de violencia familiar de la entidad poblana.
Los 217 municipios del estado de Puebla registraron un total de 10 mil 551 casos de violencia familiar en los 217 municipios de Puebla. Esta cifra representó un aumentó 0.86 por ciento respecto al 2024.
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¿Cómo se cataloga la violencia familiar y cuáles son las penas?
De acuerdo con el Código Penal del estado de Puebla, en el Artículo 284 dicta lo siguiente:
Se considera como violencia familiar la agresión física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada que se ejercita en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas.
Los casos pueden darse con un integrante de la familia, que tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño.
Algunas de las consecuencias que tiene la violencia familiar son crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad e incluso muerte. Asimismo, afectan en su autoestima, desarrollo intelectual, creatividad y capacidad para relacionarse con los demás.
Es de mencionar que en Puebla, las penas por violencia familiar varían de 2 a 12 años de prisión, dependiendo de la gravedad y si la víctima es menor de edad o persona vulnerable.
Además de cárcel, el agresor debe pagar una multa que va desde los 20 mil pesos, tratamiento psicológico especializado y la posible pérdida de la patria potestad o pensión alimenticia.