La Fiscalía de los Estados Unidos del distrito de Arizona informó que un gran jurado federal de la ciudad de Phoenix, presentó una acusación formal contra el propietario de Grips By Larry, Laurence Gray, de 65 años de edad, por proveer armas al CJNG y al Cartel Sinaloa de México.
Así se dio a conocer por medio de un comunicado publicado en su sitio web oficial, donde se mencionó que la acusación se realizó el 17 de marzo.
En febrero de 2025, Estados Unidos designó al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS), como organizaciones terroristas extranjeras.
De acuerdo con lo informado, el juez acusó al titular de la licencia federal de armas de fuego, residente de Hereford, Arizona, por conspiraciones e intentar otorgar arsenales a los carteles mencionados en mayo del 2025.
Además, la acusación formal del juez de EU, añadió pruebas de apoyo material a los cargos de terrorismo y vínculos con el CJNG, contra el dueño de la armería.
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¿Cuáles son las condenas que podría obtener por las acusaciones?
Anteriormente, ya había sido acusado junto con otro sujeto identificado como Barrett Weinberger de 73 años de edad, de Tucson, Arizona, por delitos de tráfico de armas.
Asimismo, se les acusaba de confabulación en la compra de armas por testaferros y en la presentación de declaraciones falsas durante la compra de un arma.
Cabe decir que el 25 de marzo de 2026, Laurence Gray, compareció ante un tribunal federal para leer los cargos que se le imputan y se obtenga una condena.
Las condenas que podría obtener el dueño de la armería de EU, por los delitos relacionados con el CJNG y Sinaloa, son las siguientes:
- Conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista, pena máxima de 20 años de prisión o una multa de 250 mil dólares.
- Tráfico de armas de fuego, pena máxima de 15 años de prisión o una multa de 250 mil dólares.
- Complicidad en la compra fraudulenta de armas de fuego, pena máxima de 15 años de prisión o una multa de 250 mil dólares.
- Complicidad en una declaración falsa sustancial durante la compra de un arma de fuego, pena máxima de 10 años de prisión o una multa de 250 mil dólares.