Sin duda, la falsa desaparición de una persona provoca enojo y cierto sentimiento de traición de aquellos que se movilizaron o, incluso, solo se indignaron, demandando su localización; sin embargo, debemos cuestionarnos si sancionar tal conducta, ¿solucionaría el problema?
En Puebla, van al menos 5 casos desde 2019 de mujeres que fingen su desaparición y, a la vez, su embarazo. En el mismo periodo de tiempo, se presentaron un total de cuatro mil 626 denuncias de desaparición, el 23 por ciento de estas corresponden a personas que permanece sin localizar. Tan solo el 2025 cerró con 214 personas desaparecidas.
En ese escenario, vale la pena también recordar los casos donde una presunta desaparición fue en realidad el intento de un hombre, madre, esposa y hasta de un niño o niña, de escapar de un entorno de violencia familiar o comunitaria.
Una vez esbozado a grandes rasgos el contexto de desaparición que enfrenta la entidad, volvemos a plantear el cuestionamiento: sancionar las desapariciones falsas, ¿solucionaría el problema?
El presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, así como el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, acertaron al considerar primero el debate y analisis antes de respaldar la propuesta de establecer en el Código Penal Estatal como delito quienes denuncien desapariciones falsas.
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¿Sancionar las desapariciones falsas en Puebla?
Imaginemos el escenario, lamentablemente no tan ficticio, donde un menor huye de sus padres al ya no soportar más los constantes maltratos físicos y psicológicos. Del mismo modo, imaginemos esta situación, pero en una mujer o un hombre cuya violencia proviene de su pareja o de sujetos de su comunidad.
No es difícil imaginar tal escenario. Lo difícil sería que, una vez en esa situación, las autoridades deban investigar, por oficio, a la persona que huye bajo el presunto delito de una desaparición falsa; incluso, puede convertirse en una herramienta que el violentador utilice para revictimizar como sanción por escapar de su control.
Nuevamente, lo difícil no es imaginarlo. Ya ha pasado con la exposición de menores al escarnio público cuándo, solo bajo la presión social de bloqueos carreteros, las autoridades aceleraron las búsquedas y, al localizarlos, argumentan que su desaparición fue “por voluntad propia”.
¿Cuánta voluntad existe en una persona, no se diga menor de edad, que se ve obligada a dejar el entorno social con el que está familiarizado buscando una mejor alternativa?
Sin embargo, con el ánimo de no generalizar, pensemos en otros casos donde las desapariciones falsas más bien se hicieron de manera premeditada para escapar de sanciones civiles o, incluso, penales, por actos de agravio.
Por estos últimos casos, que son los menos, ¿estaríamos dispuestos a dejar en la vulnerabilidad a los anteriores? ¿Podríamos pensar, entonces, en otro tipo de alternativas para ambos casos?