Cada vez que se habla de corrupción, de manera automática se dirige la conversación hacia el gobierno, las instituciones o los servidores públicos. Se piensa en expedientes, investigaciones, sanciones, desvíos de recursos o abusos de poder. En esa narrativa, la ciudadanía suele colocarse, naturalmente, fuera del problema: como observadora, víctima o denunciante, como si la corrupción habitara exclusivamente del otro lado del escritorio y no tuviera ninguna relación con nuestras prácticas sociales cotidianas. Sin embargo, si queremos una conversación seria y verdaderamente transformadora, necesitamos reconocer una verdad incómoda: la corrupción no solamente se reproduce en estructuras institucionales; también puede instalarse en la cultura social cuando ciertas conductas dejan de percibirse como indebidas y comienzan a asumirse como normales.
Durante años se ha insistido, y con razón, en la necesidad de transformar la cultura del servicio público, fortaleciendo controles institucionales, mejorando mecanismos de transparencia y exigiendo integridad a quienes ejercen funciones públicas. Todo es indispensable. Pero el cambio no sólo debe impulsarse hacia dentro de las instituciones, debe alcanzar también a la cultura social, para que el esfuerzo sea completo. No basta con transformar la manera en que opera el Estado si al mismo tiempo como sociedad se siguen tolerando prácticas que reproducen exactamente la lógica que decimos combatir.
En México, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del INEGI mostró que 83.1% de la población considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción en las instituciones públicas, cifra que por sí sola revela un problema estructural de confianza pública.
Percepción de la corrupción en Puebla
Pero cuando aterrizamos esa percepción en el estado de Puebla, la reflexión se vuelve todavía más incómoda: 87.8% de las personas encuestadas en la entidad consideran frecuentes los actos de corrupción, incluso por encima del promedio nacional. No estamos hablando, entonces, de una percepción aislada ni de una conversación abstracta; estamos frente a un fenómeno profundamente instalado en la experiencia ciudadana.
Sin embargo, quizá la pregunta verdaderamente importante no es únicamente por qué la corrupción persiste en las instituciones, sino qué ha ocurrido socialmente para que convivamos con esa percepción sin que necesariamente se produzca una reacción colectiva proporcional. Porque uno de los mayores riesgos para cualquier democracia no es solamente que existan actos visibles de corrupción; sino que la corrupción deje de parecernos una anomalía.
Y ahí es donde esta conversación se trastoca, porque intentar acelerar un trámite mediante influencias deja de percibirse como una falta y comienza a verse como una forma práctica de resolver problemas; cuando usar relaciones personales se considera habilidad y no un acto indebido; cuando saltarse reglas comunes se justifica con frases tales como: “así funciona el sistema”; o cuando incluso hacer las cosas de manera correcta, comienza a verse como ingenuidad, debido a que lo tenemos enfrente ya no es sólo un problema institucional, sino un problema nuestro que es más grave, pues ya es cultural.
No es sólo una discusión administrativa
Esta dimensión es de suma importancia porque la corrupción no es sólo una discusión administrativa, ni un debate sobre castigos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha sostenido con claridad que la corrupción afecta directamente derechos fundamentales como la salud, la educación, la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y la participación pública. Dicho de manera sencilla: cuando la corrupción se normaliza, no solamente se deterioran procedimientos; también se deterioran condiciones esenciales para una vida digna.
Hablar de corrupción no es sólo hablar de dinero, expedientes o responsabilidades administrativas; también es hablar de dignidad humana.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido que Corrupción y Derechos Humanos no deben analizarse como agendas separadas, precisamente porque los efectos reales de este fenómeno recaen sobre el ejercicio efectivo de derechos. Organizaciones como Fundar han documentado que esos impactos golpean con mayor intensidad a quienes son más dependientes del correcto funcionamiento institucional: personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad y sectores históricamente vulnerabilizados.
Y aquí aparece una de las contradicciones más delicadas de nuestra vida pública: durante años hemos discutido, con razón, cómo transformar la cultura del servicio público, pero no se ha discutido cómo transformar la cultura ciudadana que, en ocasiones, termina normalizando exactamente aquello que cuestiona.
El combate a la corrupción no se puede reducir exclusivamente a la lógica del castigo, porque siempre será insuficiente. ¡Claro que sancionar importa! ¡Obvio que investigar importa! ¡Claro que exigir rendición de cuentas importa! Pero cuando un fenómeno ha comenzado a internalizarse y normalizarse culturalmente, la respuesta no puede agotarse en la reacción.
Sistemas íntegros no se construyen persiguiendo
La propia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no se limita a establecer obligaciones sancionatorias; incorpora con claridad componentes preventivos, fortalecimiento institucional, integridad pública, participación social y cultura de legalidad. La lógica es sencilla: los sistemas íntegros no se construyen únicamente persiguiendo conductas indebidas; se construyen, también, evitando que esas conductas se normalicen.
México enfrenta un gran desafío que no puede ignorarse en el contexto internacional. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, el país obtuvo 26 puntos sobre 100 y cayó a la posición 140 de 180 países evaluados, su peor resultado histórico reciente. Esto no es sólo una cifra que demuestra reputación; sino que es una señal de deterioro institucional que también impacta confianza pública, legitimidad democrática y desarrollo.
Quizá el verdadero crimen silencioso no es solamente la corrupción visible que genera titulares, investigaciones o expedientes; la más grave corrupción es aquella que deja de indignarnos porque comenzó a instalarse dentro de nuestra propia cultura social, es la que hoy ya no se percibirse como anomalía y empieza a asumirse como mecanismo funcional para resolver problemas, para agilizar procesos o acceder a soluciones que en un sistema íntegro deberían estar garantizadas por la sola vía de la legalidad, siendo éste el síntoma más delicado de los deterioros institucional y social.
Asumirse el crimen silencioso
Cuando la corrupción deja de ser vista como excepción y comienza a asumirse como parte ordinaria del funcionamiento cotidiano, el problema deja de ser exclusivamente jurídico o administrativo y se convierte en una crisis mucho más profunda de cultura pública, de igualdad y de la dignidad humana.
Si realmente se quiere combatir la corrupción, es necesario asumir que el desafío no es únicamente institucional; también es cultural y ciudadano, porque no basta con la exigencia de integridad del otro, que está en el escritorio, si de este lado donde se siguen justificando atajos incompatibles con la legalidad. No basta con pedir mejores gobiernos si no construimos también mejor ciudadanía. Reaccionar frente al daño es insuficiente si no se transforman las condiciones que lo vuelven socialmente tolerable.
Sin derechos humanos no hay combate efectivo a la corrupción y porque gobernar bien significa, precisamente, gobernar antes del daño.
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