Romeo A. Saldaña Vázquez
En las ciudades existe una regla que pocas veces se escribe, pero que durante décadas ha orientado la planeación urbana: los parques públicos son espacios destinados a la naturaleza y a las personas. Son los lugares donde los árboles regulan la temperatura, el suelo infiltra el agua de lluvia, las aves encuentran refugio, los murciélagos controlan insectos y las familias ejercen su derecho al espacio público.
Precisamente por cumplir tantas funciones al mismo tiempo, las áreas verdes suelen considerarse infraestructura que debe protegerse, no la reserva territorial donde se colocan los proyectos que ya no caben en otro sitio. Hoy esa idea parece ponerse a prueba en Puebla.
El ayuntamiento mantiene abierta la consulta pública (de 9 días hábiles) y sin hacer la consulta con los vecinos de las zonas afectadas por el trazo del cablebús, para modificar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable (Pmdus). El cambio puede parecer técnico: incorporar la infraestructura de un sistema de transporte por cable como un uso condicionado dentro de parques urbanos y áreas verdes.
Sin embargo, detrás de esa modificación aparentemente menor existe una pregunta mucho más profunda ¿Hasta dónde estamos dispuestos a flexibilizar la protección de nuestros espacios verdes para facilitar nuevas obras públicas? No se trata de cuestionar la necesidad de mejorar el transporte público. Puebla requiere sistemas de movilidad más eficientes, accesibles y con menores emisiones de carbono. El problema aparece cuando la discusión se plantea como si movilidad y conservación fueran objetivos incompatibles. La verdadera planeación urbana consiste precisamente en encontrar soluciones que satisfagan ambas necesidades, no en sacrificar una para resolver la otra.
Prevenir daño ambiental, preferible a compensarlo
El documento desarrolla ampliamente los beneficios del transporte por cable para la movilidad, la accesibilidad y la reducción de emisiones. Sin embargo, dedica muy poca atención a las implicaciones ecológicas de permitir este tipo de infraestructura dentro de parques urbanos. El ambiente aparece reducido a la obligación de obtener una autorización de impacto ambiental en etapas posteriores del proyecto, cuando la legislación ambiental mexicana establece que la prevención debe comenzar desde la planeación del territorio.
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente parte de un principio sencillo: evitar el daño ambiental siempre es preferible a compensarlo después. Esa lógica es la que explica por qué primero deben evaluarse alternativas, identificar los sitios de menor impacto y proteger los ecosistemas más valiosos antes de decidir dónde construir. En el anteproyecto ocurre lo contrario. Se modifica primero el instrumento de planeación y se deja para una etapa posterior la evaluación ambiental de cada proyecto.
También llama la atención lo que el documento no menciona. No existe una valoración de la biodiversidad urbana, de los corredores ecológicos, de la fauna que utiliza los parques, ni de los servicios ecosistémicos que proporcionan los árboles maduros. Tampoco analiza los impactos acumulativos que podría generar una red completa de estaciones y torres sobre el sistema de áreas verdes de la ciudad. Los parques aparecen como superficies disponibles para recibir infraestructura, más que como ecosistemas urbanos cuya integridad debe preservarse.
Modificación al Pmdus justificaría nuevas excepciones
Esta omisión resulta particularmente relevante en un contexto de cambio climático. Las ciudades enfrentan temperaturas cada vez más elevadas, lluvias más intensas y una creciente pérdida de biodiversidad. Frente a ello, los parques ya no son un lujo paisajístico; constituyen infraestructura verde indispensable para reducir islas de calor, infiltrar agua, capturar carbono y mejorar la salud física y mental de la población. Cada árbol adulto representa décadas de crecimiento y beneficios que difícilmente pueden sustituirse mediante programas de compensación.
La discusión, entonces, trasciende el proyecto específico del Cablebús. Lo que está en juego es el criterio que orientará el futuro de la ciudad. Si hoy aceptamos que los parques pueden convertirse en suelo disponible para infraestructura cuando un proyecto lo requiera, mañana el mismo razonamiento podría justificar nuevas excepciones para otros usos igualmente considerados de “interés público”.
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La movilidad sustentable y la conservación de la infraestructura verde no son objetivos opuestos. Las ciudades más avanzadas buscan integrarlos porque entienden que ambos forman parte de la misma estrategia de adaptación climática y calidad de vida. El reto para Puebla no consiste únicamente en construir mejores sistemas de transporte, sino en demostrar que puede hacerlo sin debilitar la protección de los espacios públicos que sostienen la salud ambiental de la ciudad.
Una ciudad verdaderamente sustentable no es la que enfrenta un problema creando otro, sino aquella que encuentra soluciones capaces de proteger simultáneamente la movilidad, la naturaleza y el bienestar de sus habitantes.
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