Luego de que se reportaran casos de vacantes falsas que, al acudir mujeres a la presunta entrevista, sufrían de abuso sexual, el Congreso de Puebla analiza tipificar este delito y castigarlo con seis a 10 años de prisión.
Fue la diputada Celia Bonaga Ruíz quien presentó esta iniciativa que contempla, además, una multa de 300 a 900 Unidades de Medida y Actualización (UMA). También establece que las autoridades estatales y municipales deben supervisar a empresas o personas físicas que publiquen este tipo de anuncios.
Esta sanción penal aplicaría para aquellas personas físicas que publiquen en medios impresos o sitios de internet anuncios con la finalidad de reclutar a personas para actividades que puedan ser propias de delitos de trata de personas.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia ya analiza esta iniciativa para que, en caso de aprobarla, pase al pleno para su aprobación.
La iniciativa reforma el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y adiciona el artículo 479 al Código Penal del Estado de Puebla.
Denuncian vacantes falsas para abuso sexual
Y es que, el pasado martes, el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, organizaciones feministas como Cafis y Redefine Puebla, denunciaron un caso de violación en contra de una joven que acudió a una entrevista de trabajo tras aplicar a una vacante falsa.
De acuerdo con la denuncia, quienes cometieron dicho acto grabaron la agresión sin el consentimiento de la víctima y la amenazaron con difundirlo. Por ello, los colectivos exigieron sanciones ejemplares para los responsables y campañas de prevención permanentes.
Las activistas señalaron que este caso no es el único ya que existen plataformas de reclutamiento donde se observa el mismo patrón de vacantes falsas. Esto es, que están dirigidos exclusivamente a mujeres jóvenes, foráneas o estudiantes y que carecen de requisitos claros prometiendo sueldos altos.
Presentan iniciativas contra violencia hacia las mujeres
La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala propuso al Congreso tipificar como delito la divulgación de imágenes, videos o audios de contenido íntimo o sexual. Esto, cuando se generen, modifiquen o alteren mediante inteligencia artificial u otras tecnologías digitales sin el consentimiento expreso de la persona cuya imagen, voz o identidad se utilice.
Cabe mencionar que esta iniciativa se da luego de que también se presentaron casos de mujeres cuya imagen utilizaron para generar contenido pornográfico. Esto, a través de tecnologías digitales con el objetivo de violentarles e, incluso, de explotar económicamente su imagen mediante dicho material.
En tanto, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez presentó una iniciativa para establecer la obligación de cualquier persona de denunciar delitos cometidos contra menores de edad, personas mayores o con discapacidad.
En caso contrario, se castigaría con cárcel considerando la gravedad del delito, cuando omitan denunciar y con ello contribuyan a la continuidad del mismo.
M.H.C.