El Congreso de Puebla analiza una reforma para castigar hasta con cinco años de cárcel a quienes funjan como prestanombres de deudores alimentarios, ayudándolos a ocultar bienes para eludir sus responsabilidades.
La iniciativa fue presentada por el diputado Mauricio Céspedes Peregrina y busca fortalecer el marco legal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La propuesta plantea adicionar el artículo 407 Ter al Código Penal para sancionar con uno a cinco años de prisión a los prestanombres de un deudor alimentario. Es decir, se castigará a quienes transfieran o adquieran bienes a nombre de terceros.
Lo anterior, si es en detrimento de la sociedad conyugal o el patrimonio común generado durante el matrimonio, concubinato o relaciones de hecho.
Además, establece multas de 100 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Por lo tanto, estás podrían ser de 11 mil 314 a 33 mil 942 pesos.
Prestanombres de deudores alimentarios también irían a la cárcel
Con esta reforma, se incluiría en las sanciones a familiares o terceros (prestanombres) que ayuden a los deudores alimentarios a cambiar de nombre, ocultar o vender bienes con la intención de evadir el pago de pensiones alimenticias.
Según la exposición de motivos, esta medida busca evitar la complicidad familiar en la evasión de responsabilidades económicas. Además, según el diputado, promueve una cultura de cumplimiento y protección de los derechos de los beneficiarios.
En noviembre de 2024, el Congreso local aprobó que las autoridades jurisdiccionales envíen información al Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Lo anterior, luego de modificaciones al Código Civil, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado.
Céspedes Peregrina subrayó que esta reforma no solo busca castigar a presta nombres de deudores alimentarios, sino también concientizar sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Destacó que la familia debe ser un pilar en la protección de los menores y no actuar como cómplice en la evasión de responsabilidades.