El presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, informó que se realizarán foros para construir una reforma electoral contra “narcopolíticos” o personajes ligados a grupos delictivos participen en elecciones o sean parte de partidos políticos.

Así lo expuso en entrevista desde la sede del legislativo, al finalizar la ceremonia de clausura de la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

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Detalló que será este lunes 8 de diciembre cuando tendrá una reunión para alistar los foros en los que se analizará la reforma electoral. Estos iniciarían en enero de 2026 y tienen por objetivo garantizar la seguridad de los ciudadanos especialmente rumbo a las elecciones de 2027.

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Pável Gaspar reconoció que el Congreso de Puebla debe colocar los “candados” necesarios para evitar que los “narcopolíticos” o la delincuencia se infiltre en los partidos o en la administración pública.

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En la ley está: los partidos deben tener cuidado en las personas que proponen, por eso se piden antecedentes no penales. Pero vamos a hacer un estudio para que no queden como presidentes municipales o diputados quienes sean presuntos delincuentes.

De ese modo, agregó, el Congreso continuará con los foros que organiza para atender problemáticas sociales de Puebla. Tal es el caso de los que realizan con grupos de migrantes y agricultores, puntualizó Pavel Gaspar.

¿Por qué una reforma electoral contra “narcopolíticos” en Puebla?

La propuesta de Pável Gaspar se da luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló a Antonio “El Toñín” Martínez Valente como “presunto delincuente”. Este último es padre de Guadalupe Martínez Gerardo, alcaldesa de Quecholac por el Partido Social de Integración (PSI).

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Las autoridades federales investigan a “El Toñín” por presunto huachicoleo y asesinato de dos agentes de la Guardia Nacional, así como de dos policías ministeriales.

A este caso se suman las detenciones de los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, a quienes también se les señala por “narcopolíticos” de Puebla. Ellos fueron presidentes municipales de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente.

Los exalcaldes de Movimiento Ciudadano (MC) enfrentan cargos por presunta asociación delictiva, extorsión y secuestro, entre otros delitos.