La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la realización de un parlamento abierto sobre la reforma a la Ley General de Aguas; en Puebla será el jueves 30 de octubre.
En la asamblea abierta, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua propondrá educir concesiones para la disminución de la explotación de acuíferos y atender problemas de contaminación.
En Puebla, el parlamento abierto para la Ley General de Aguas se realizará en el Congreso local el próximo jueves 30 de octubre a las 10:00 horas.
Durante el congreso “La gestión integral del agua en Puebla”, el economista Pedro Moctezuma Barragán se posicionó respecto a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que incluye además reformas a la Ley de Aguas Nacionales que se creó en 1992.
Aseguró que hay que dar solución a las propuestas “retroactivas” presentes en el documento jurídico.
Para ello, señaló que está siendo analizada por el Congreso una propuesta de parlamento abierto sobre la Ley General de Aguas. Con ella, la Contraloría, nombre con el que se autodenomina la asociación, presentará una serie de propuestas que garanticen el acceso al recurso hídrico.
Mencionó que la iniciativa fue posible gracias a la ayuda de 13 legisladores de la bancada de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecólogista de México (PVEM). Por el momento, se encuentra en análisis por parte del Congreso.
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Pedirán reducir concesiones de agua en parlamento abierto
Pedro Moctezuma enunció las principales propuestas de la asociación para la reforma de la Ley de Aguas, que se llevarán ante el parlamento abierto una vez que sea aprobado por el Congreso federal.
Entre ellas, resaltó la necesidad de reducir la cantidad de concesiones otorgadas a terceros para el aprovechamiento del agua. Indicó que esto ocasiona una sobreexplotación de acuíferos y, en consecuencia, sequías.
En este sentido, afirmó que en 2017 se contabilizaban 10 mil concesiones a terceros, frente a la actual cantidad de 97 mil 122. Además, insistió en que se debía imponer un pago de reparación de daños para las concesiones de descarga en cuerpos de agua.
Además, manifestó que la actual propuesta de Ley General de Aguas prevé alcanzar la universalidad del recurso en un plazo de 60 años. Ante ello, apeló a que la Declaración de Derechos Humanos estipuló que el acceso al agua es una garantía primordial.
Por otro lado, manifestó la necesidad de incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el manejo del agua. En atención a esto, se propuso la creación de consejos regionales conformados por la ciudadanía. Su función radicaría en vigilar el uso del recurso hídrico, optimizar su distribución y reportar casos de abuso.
