El Congreso de Puebla someterá a revisión la Ley de Ingresos de los municipios en la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Esto, con el fin de evitar cobros excesivos por expedición de copias de información catastral o certificación de documentos en 2026.
Al momento, el legislativo recibió el 25 por ciento de la Ley de Ingresos que deberán aprobar para el próximo año.
Esta medida deriva de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado lunes 3 de noviembre, mediante la cual se declararon inconstitucionales 30 Leyes de Ingresos municipales correspondientes al año 2025 en Puebla.
Al respecto, la diputada Lupita Vargas, integrante del Partido Verde Ecologista del estado, y presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, aseguró que se prestará especial atención a los puntos señalados en la resolución 11/2025 de la SCJN, la cual fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
¿Qué asuntos se abordarán con esta revisión?
La legisladora informó que la fecha límite para la recepción de las Ley de Ingresos municipales, así como de la Ley de Ingresos de Puebla, es el 15 de noviembre. Hasta el momento, se han recibido 80 leyes, lo que representa aproximadamente el 25 por ciento del total esperado.
El análisis integral se realizará de manera coordinada entre la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Lupita Vargas estima que para el 18 de noviembre se presentará el calendario correspondiente para el desahogo del paquete fiscal.
Los temas prioritarios para la comisión de gestión de la Ley de Ingresos serán los relacionados con la transparencia y la legalidad en los cobros municipales. Dijo que se revisará que ningún cobro exceda lo establecido por la Ley. También se abordarán asuntos relativos al uso de suelo, ductos de gas y temas eléctricos que son competencia federal.
SCJN invalida 30 Ley de Ingresos municipales
La resolución de la SCJN respondió a una queja por cobros excesivos y desproporcionados. Entre los municipios que aplicaban tarifas desproporcionadas, con la aprobación previa del Congreso local, figuran San Andrés Cholula y Ocoyucan. Asimismo, se encuentran Palmar de Bravo, Quecholac, Oriental y Pahuatlán.
Los cobros cuestionados correspondían a la certificación de datos o documentos en archivos municipales, donde se llegaba a cobrar 23 pesos por cada hoja, por lo que se revisarán la Ley de Ingresos. Asimismo, se identificaron cobros por copias simples de información catastral, con tarifas que oscilaban entre 25 pesos y 103.50 pesos por hoja.
Cabe destacar que la invalidez de estas disposiciones sólo será efectiva durante lo que resta del año, dado que las leyes impugnadas tienen vigencia anual y únicamente aplican para el ejercicio fiscal 2025.
