Ante el problema de las más de 300 empresas irregulares de seguridad privada y la falta de un piso parejo para las que sí están reguladas, el CNSP pide a los legisladores diálogo para la creación de una ley general; es uno de los pendientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En entrevista, Raúl Sapién Santos, director jurídico del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), explicó que las empresas reguladas enfrentan mayores dificultades que las informales o que la Policía Bancaria e Industrial.
Las empresas formales de seguridad deben pagar sanciones por incumplimientos en el transporte de valores o custodia de mercancías, además de adaptarse a normativas estatales específicas, mientras que las informales operan sin consecuencias.
Cuestionó que la Policía Auxiliar se dedique a prestar servicios para la iniciativa privada, en lugar de cumplir con su función de seguridad pública. Subrayó que estas unidades venden servicios de seguridad privada fuera del marco normativo, sin cumplir los requisitos que se exigen a las empresas especializadas.
Argumentó que, si la Policía Auxiliar cobra por servicios privados, debería sujetarse a la misma regulación. Actualmente, bajo el argumento de ser servidores públicos adscritos a las secretarías de seguridad, no cumplen con jornadas laborales establecidas ni con requisitos especializados.
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Urge ley general de seguridad privada: CNSP
En este sentido, recalcó la necesidad de que las modificaciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública incluyan una ley general de seguridad privada.
El director jurídico del CNSP precisó que el fundamento para esta legislación se encuentra en el artículo 32 constitucional, y confió en que los legisladores y secretarios de seguridad, particularmente el de Puebla, atiendan esta situación.
Inconformidad por nuevas reformas en Puebla
Respecto a las reformas a la ley de seguridad privada en Puebla, que exige a todas las empresas certificarse ante la Universidad de las Ciencias Policiales (Ucips), Raúl Sapién aclaró que no se oponen a las certificaciones.
Explicó que el problema es la falta de diálogo, pues enviaron múltiples escritos al Gobierno y al Congreso local sin obtener respuesta.
Sus principales inquietudes radican en saber qué va a garantizar la continuidad de las capacitaciones y cómo se medirá el impacto real en las empresas. En Puebla, señaló, existe competencia desleal y resulta preocupante que se monopolicen los exámenes de control y confianza para generar ingresos gubernamentales.
Otra preocupación es el posible rechazo de personal por no pasar los procesos de certificación.
Advirtió que no se puede concentrar en una sola entidad la regulación, capacitación y evaluación. Señaló que también existen instituciones federales especializadas, capacitadas para realizar exámenes toxicológicos y de control de confianza.