A raíz de varios incidentes relacionados a carreras clandestinas o conducciones en exceso de velocidad, el Gobierno de Puebla implementó un operativo llamado “Reductor de Velocidad” en vialidades de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula.
Esta estrategia tiene el objetivo de promover trayectos más seguros en las vialidades con más accidentes de la ciudad. Este implica el reforzamiento de la vigilancia en puntos estratégicos, mediante la colocación de filtros móviles, patrullajes preventivos, monitoreo del cumplimiento en los límites permitidos. Así como acciones de proximidad ciudadana para recordar a los automovilistas la importancia de respetar los reglamentos viales.
La estrategia “Reductor de Velocidad”, se llevará a cabo en las avenidas donde más se han registrado accidentes en Puebla. Por ejemplo, en la Vía Atlixcáyotl, Cúmulo de Virgo, bulevar del Niño Poblano, Calzada Zavaleta y Recta a Cholula.
Reductor de Velocidad como estrategia contra arrancones en Puebla
Cabe recordar que, el pasado fin de semana, ocurrió un accidente relacionado a carreras ilegales. En este fallecieron dos jóvenes, el chofer, Rubén Alonso, de 20 años, quien perdió la vida en el lugar, junto con César Emilio, de 25 años, quien falleció en el traslado al hospital. Posteriormente, Paulina, de 21 años, falleció el pasado 28 de noviembre, luego de estar varios días hospitalizada.
Es por ello que el Gobierno de Puebla decidió por implementar este “Reductor de Velocidad”. Esta estrategia está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Movilidad y Transportes. Además, en coordinación con Policías Estatales de Caminos, agentes de Proximidad Vial y policías municipales.
Dicho operativo es una estrategia que se realiza mientras el gobierno estatal discute la propuesta de regular los arrancones. Esto con la construcción de una pista para arrancones en Puebla capital y el uso del autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc, como una forma de regulación. Aunque hay muchas críticas por colectivos de movilidad y otras organizaciones, ya que consideran que están “legalizando” una actividad de alto peligro.
