El gobierno de Puebla enviará al Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal y combatir el problema de despojo. Con el fin de sancionar a los involucrados en estas prácticas, incluso a jueces y notarios que coadyuven a personas que simulen ser funcionarios.
Así lo adelantó, en la rueda de prensa de este lunes encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, luego de que la semana pasada se dio a conocer que siete familias en San Andrés Cholula fueron víctimas del “cártel del despojo”.
El funcionario estatal comentó que el gobierno de Puebla le está dando seguimiento al caso de las personas despojadas en Puebla, en consecuencia, de un actor jurídico simulado en Oaxaca, donde las víctimas fueron obligadas a entregar un predio donde habitan siete familias.
Hemos estado dándole seguimiento a ellos, ya detectamos en el distrito judicial de Cholula, dentro de jueces y magistrados, que han tenido participación y contacto con estos grupos que han realizado este tipo de acciones. Estamos armando todo para poder proceder.
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Ante esto, anunció que para proteger a los ciudadanos enviarán la reforma contra el despojo en Puebla y se va a instalar una mesa de trabajo con la Consejería Jurídica para construir la iniciativa y presentarla ante el Poder Legislativo, lo cual se prevé que sea en un máximo de dos semanas.
Dijo que se va a reformar el Código Penal para que se sancione a quien simule tener un cargo público para generar este tipo de situaciones, a quienes cometan actos de fraudes, a quien suplanten la identidad de un legítimo propietario o de un representante real.
Con reforma, castigarán a jueces y notarios ligados al despojo en Puebla
Asimismo, se castigará a quienes participen dentro de las notarías o se presten para cometer desalojos, por lo que ya serán los diputados los que analizarán los detalles de la reforma. Enfatizó en que es para proteger a los poblanos.
La semana pasada el gobernador señaló que identificaron un “cártel del despojo”, el cual está infiltrado en la administración pública de Puebla y el Poder Judicial para afectar el patrimonio de las personas, por lo que las autoridades iniciaron con las investigaciones.
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