El gobierno de Puebla presentó tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra personas físicas y morales por operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que se detectaron irregularidades fiscales por un monto superior a los 167 millones de pesos.
Así lo señaló el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, durante la rueda de prensa de este lunes 15 de diciembre. Además, indicó que esto derivó de una investigación realizada por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA).
Detalló que dicha dependencia, encabezada por Josefina Morales Guerrero, cuenta con una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, la cual realizó 110 estudios.
Explicó que en los movimientos revisados se involucraron 821 millones de pesos, correspondientes a personas físicas y morales en la entidad, de los que derivaron irregularidades fiscales por 167 millones de pesos.
El funcionario estatal precisó que, al ser parte de carpetas de investigación, no se pueden compartir detalles por el momento.
Por otra parte, especificó que hasta que sean procesos judicializados, la FGE de Puebla dará un informe de los resultados de las investigaciones y más detalles sobre los contribuyentes investigados.
Sin embargo, el coordinador de gabinete del gobierno de Puebla no precisó si hay funcionarios involucrados, empresas o particulares en las irregularidades fiscales investigadas por la FGE.
Anticorrupción tiene abiertos 224 expedientes
Es de mencionar que en noviembre pasado, García Parra comentó que existen 224 expedientes abiertos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, debido a diversas causas, como parte del trabajo de la dependencia.
Explicó que la Ley de Responsabilidades Administrativas estipula la confidencialidad de los procesos y que la información se mantendrá en reserva, bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso, ya que la Secretaría tiene facultades para investigar a funcionarios estatales.
Lo anterior, luego de la difusión de una lista de 22 funcionarios y exfuncionarios presuntamente investigados por la Secretaría de Anticorrupción.
Finalmente, precisó que es necesario diferenciar que la Secretaría de Anticorrupción tiene facultades para investigar servidores públicos estatales, no a alcaldes, ya que estos casos corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE) o a la Auditoría Superior del Estado.
