Pobladores de la comunidad náhuatl de San José Zetina advirtieron sobre el posible encarcelamiento de ocho defensores de 400 hectáreas frente a proyectos de empresas inmobiliarias como Vertigo y Vassur, en San Andrés Azumiatla.
Félix Escalona, vocera y albacea de la comunidad, reveló que tiene la encomienda de regularizar las 400 hectáreas de la exhacienda San José Zetina. Sin embargo, enfrenta una creciente criminalización por su lucha, además de tener un proceso en su contra junto con ocho personas más.
Escalona detalló que, durante la última audiencia realizada el 8 de julio, los abogados de Guillermo y Javier Pacheco Pensado solicitaron un cambio de medidas cautelares que incluían su aprehensión bajo acusaciones de actos de ataque, las cuales ella rechaza y atribuye a una estrategia para detener su defensa del territorio.
Frente al intento de modificar las medidas cautelares para llevar a prisión a Escalona y otros ocho acusados, la comunidad presentó peritajes para refutar los cargos, que califican como fabricados.
Además, desde 2019, los pobladores han enfrentado intimidaciones constantes, presuntamente con la complicidad de la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal. Aunque interpusieron un amparo, las persecuciones continuaron, incluso con un atentado contra la vida de Féliz Escalona por su labor en la regularización de las tierras.
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Intento de despojo de 400 hectáreas a pobladores en Azumiatla
En una entrevista realizada en 2023 por este medio, uno de los pobladores de Azumiatla afectados que denunció el despojo de 400 hectáreas, señaló que son alrededor de 150 familias las que tienen este conflicto desde hace varios años. Dijo que, al tratarse de tierras ejidales y no tener escrituras, las inmobiliarias quieren aprovecharse de eso.
El conflicto inició desde 1997, cuando Lucio Gabriel Flores, entonces presidente auxiliar, con ayuda de la familia Pacheco Pensado, pudieron hacerse de los terrenos, que supuestamente vendieron a la inmobiliaria Vértigo.
En 2011 se emitió una sentencia en donde se dijo que las inmobiliarias no tenían interés jurídico. Sin embargo, en 2019, los hijos de Guillermo Pacheco Pulido, exgobernador interino de Puebla, intentaron despojar nuevamente las tierras. Fue en 2022 cuando se presentó una demanda contra los pobladores, cuando vincularon a proceso a ocho defensores en Azumiatla.
