Habitantes de la zona de Haras pidieron que la donación de tres hectáreas realizada por la inmobiliaria Grupo Haras al gobierno “no sea una moneda de cambio” para permitir la ampliación de desarrollos inmobiliarios. Advirtieron que ya no debe autorizarse ningún cambio de uso de suelo.
Esto luego de que el pasado 14 de abril se diera a conocer que Grupo Haras donará un terreno en la zona colindante con Cuautinchán, para la construcción de viviendas destinadas a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El objetivo, de acuerdo con lo informado ese día por el gobernador Alejandro Armenta Mier, es que las viviendas estén cerca de la Universidad de las Ciencias Policiales, en Chachapa, para reducir los tiempos de traslado de los estudiantes.
Al respecto, en entrevista con este medio, vecinos señalaron que desconocen cuál será exactamente el terreno donado. Recordaron que el fraccionamiento Haras ha generado una mala reputación debido a la “depredación de cientos de árboles” para expandir sus desarrollos inmobiliarios.
“Esto no es un acto de caridad, la ley establece que las inmobiliarias deben donar un porcentaje de tierra para áreas verdes. Sin embargo, muchas empresas solo acondicionan estacionamientos con jardineras mínimas. Esto sucede en Puebla desde hace años”, expresaron.
Por ello, exigieron conocer las características de las tres hectáreas donadas, su grado de conservación y el número de árboles presentes, ya que, dijeron, existe un déficit de áreas verdes según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Inmobiliaria Haras no dona por buena voluntad
Los vecinos señalaron que las inmobiliarias, como Grupo Haras, “no donan de buena voluntad” y cuestionaron cuál será su participación en la construcción de las viviendas que planea el gobierno.
Advirtieron que Haras podría beneficiarse de esta acción, ya que han estado especulando con las zonas boscosas aledañas, especialmente en áreas como las cercanas a la entrada de Flor del Bosque, donde se han desarrollado fraccionamientos en terrenos colindantes.
“Habría que ver dónde se hará la donación. Como vecinos, siempre hemos peleado por la creación de un corredor biológico, hay estudios y especialistas de la BUAP que pueden respaldarlo. Nos preocupa que, bajo el pretexto de la donación, se abra la puerta para urbanizar zonas que hasta ahora se han conservado”, recalcó uno de los habitantes.
Los vecinos alertaron que existe el riesgo de una mayor urbanización. Explicaron que, al desarrollarse más vivienda, inevitablemente se abren nuevas calles, avenidas y accesos, deteriorando aún más el entorno natural.
Recordaron que no se tiene un dato exacto de cuántas hectáreas corresponden a áreas verdes y cuántas a zonas construidas, pues Haras inició su desarrollo hace al menos 25 años, alrededor del año 2000, cuando la propuesta contemplaba solo seis fraccionamientos.
También mencionaron que inicialmente el concepto era de casas campestres en terrenos grandes para mantener baja densidad poblacional, pero con el tiempo las normas de construcción se relajaron y la mancha urbana creció de manera descontrolada.
Debe garantizarse que no haya cambio de uso de suelo
Agregaron que la franja en cuestión está rodeada de fraccionamientos como el de la entrada del parque estatal Flor del Bosque, Galaxia La Calera —que “ha devastado el bosque”—, y conjuntos como Sadasi y Jardines de la Montaña, ubicados cerca de la barranca.
“¿Qué garantía hay de que esto no siga creciendo? La verdad lo dudamos. Aunque existía un ordenamiento ecológico y la zona formaba parte de una reserva, los cambios de administración y los ‘cabildazos’ descontrolaron todo. No hay autoridad que haya puesto un alto y definido claramente qué se conserva y hasta dónde se puede crecer”, señalaron.
Finalmente, subrayaron que, al ser una zona ubicada entre los municipios de Cuautinchán, Puebla y Amozoc, la única manera de frenar la expansión desmedida es prohibiendo nuevas construcciones y cambios de uso de suelo.
Asimismo, hicieron énfasis en la necesidad de actualizar los planes municipales de desarrollo urbano, ya que sin esa herramienta se corre el riesgo de repetir casos como el de San Andrés Cholula, donde —acusaron— el crecimiento desordenado favoreció a desarrolladoras como Grupo Proyecta.
