Colectivos señalaron que, para garantizar un proceso de revocación de mandato efectivo, en la reforma que analiza el Congreso de Puebla deben contemplar la perspectiva intercultural, presupuesto suficiente para el IEE y foros ciudadanos.
Por su parte, el diputado local, José Luis Figueroa Cortés, mencionó que la revocación de mandato será un ejercicio para que las personas evalúen la administración del estado.
En ese sentido, aseguró que por parte del Congreso de Puebla existe disposición para legislar esta iniciativa y, recordó que el gobernador, Alejandro Armenta Mier, también ha dado su aval.
Resaltó que la voluntad popular es la de voz del pueblo, aunque deben involucrarse todos como sociedad y los políticos deben estar abiertos a la calificación de la gente.
Así lo señalaron, en Ángulo 7 Radio durante la mesa “Revocación de mandato, ciudadanía y democracia”, Arturo Mendoza González, del colectivo “Hermanos Serdán” y Ernesto García Hernández, del colectivo “Opción Ciudadana”, quienes coincidieron en que este proceso legislativo se tiene que abrir a la sociedad.
Estos colectivos realizarán foros del 3 al 9 de agosto en materia de participación ciudadana. Esto, con el objetivo de incluir la perspectiva de diversos sectores como pueblos indígenas, personas con discapacidad y comunidad Lgbtiq+.
Lo ideal es que los foros hubieran ido antes de la presentación de la reforma
Arturo Mendoza González señaló que con su colectivo promovieron un amparo porque hubo una omisión legislativa por 4 años y aunque el diputado Julio Huerta Gómez ya presentó una iniciativa, pareciera que “solo se hace por cumplir” y no entrar en desacato judicial.
Esto, pues comentó que, aunque se ha dicho que habrá foros para la revocación de mandato en agosto, lo ideal es que hubieran sido antes de la presentación la reforma en Puebla para incluir las opiniones y propuestas que se recaben; lamentó que no tomaran en cuenta a colectivos ni organizaciones para enriquecerla.
Dijo que para que haya una reforma de revocación de mandato efectiva debe incluirse la perspectiva intercultural que garantice la participación de las comunidades indígenas. Así como la estipulación de un presupuesto suficiente para el Instituto Electoral del Estado (IEE) para la organización del proceso y no como ocurrió con el INE en 2022.
Estimó que se debe legislar en un periodo de 90 días, tras la notificación de la Corte, y debe ser igual para el marco federal, es decir, para llevarse a cabo se debe recabar el 10 por ciento de las firmas de la lista nominal, en 109 municipios.
Además, para que sea vinculante se debe contar con al menos el 40 por ciento de su participación, con una mayoría absoluta para que la apliquen, aunque, dijo, es un término muy ambiguo que debieron especificar.
Debería incluir a diputados y alcaldes
Por su parte, García Hernández dijo que “es positiva” la legislación, pues desde el 2022 buscaron con el ahora exdiputado Oswaldo Jiménez López su elaboración y presentación de la Ley de Participación Ciudadana que incluyera la revocación de mandato, pero no se concretó.
Mencionó que esta medida, como un ejercicio de participación ciudadana, aunque solo se contempla para el titular del Poder Ejecutivo, actualmente Alejandro Armenta Mier. Sin embargo, podría considerarse igual para los diputados locales y presidentes municipales.
Asentó que la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, aseguró que los foros arrancarán en agosto. Comentó que en julio la diputada Kathya Sánchez Rodríguez presentó una iniciativa y también el legislador Jaime Natale Uranga, pero en términos diferentes; deben dar una comparativa que atienda a la realidad social. Precisó que, de aprobarse, tendrían que recabar en Puebla 490 mil 36 firmas para solicitar una consulta de revocación de mandato, puesto que el padrón de la lista nominal del estado, de acuerdo con datos del INE al 24 de julio, hay 4 millones 900 mil 360 ciudadanos.
