Reprograman audiencia de la exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres para el 11 de junio, juez dictó medidas cautelares estrictas como: la prohibición a salir de Puebla y cambiar su domicilio. Además, la ex alcaldesa, Irene Olea, solicitó a un defensor público.
A Irene Olea se le imputan graves delitos, como: detención ilegal, tortura, agresiones sexuales y falsedad en declaraciones. Los anteriores, vinculados a la detención arbitraria de las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López.
Después de 810 días de evadir la justicia, la exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea, se presentó ante un juez federal en Puebla el lunes 9 de junio, para una audiencia.
El juez reprogramó la audiencia para este miércoles 11 de junio a las 13:15 horas y advirtió expresamente sobre no incurrir en desacato
La ex alcaldesa de Izúcar, Irene Olea, en audiencia, alegó ante el juez del Centro de Justicia Penal Federal que carecía de recursos económicos para contratar un abogado privado. Por lo que pidió que se le asignara un defensor público para su representación legal.
Audiencia del 9 de junio
Al llegar al juzgado, Irena Olea evitó a los medios y a manifestantes que la esperaban con consignas como: “¡Justicia para Natalie y Michelle!” y “¡Irene no es aliada, es privilegiada!”
Michelle Hoyos exigió justicia expedita y pidió a las autoridades no reprimir las protestas pacíficas: “No somos peligro, solo queremos justicia”. El caso sigue en desarrollo, marcando un precedente en la lucha contra la impunidad en agresiones a periodistas y mujeres en México.
Agresiones cometidas contra las periodistas por ordenes de Irene Olea
Las periodistas afectadas denunciaron que agentes policiales las detuvieron con violencia durante la manifestación del 10 de marzo de 2023. Luego, les trasladaron a una subcomandancia, donde, según sus denuncias, les agredieron física y sexualmente.
Según su testimonio, estos actos en contra de las periodistas, se realizaron bajo las órdenes de quien en ese momento era identificada como “La Jefa”.
Hasta ahora, seis funcionarios públicos están en prisión preventiva por su presunta implicación en los hechos.
