La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla debe actualizar sus protocolos para investigar con perspectiva de género todos los casos de muertes violentas de mujeres, ajustándose a lo establecido en el protocolo actualizado para el delito de feminicidio y que no haya subregistros de los casos.
Así lo señalaron la investigadora Ana Laura Gamboa Muñoz, académica de la Universidad Iberoamericana, y Nathaly Rodríguez, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, durante la presentación de un informe sobre feminicidios realizado por el Observatorio de Violencia Social y de Género en Puebla, el pasado lunes 29 de septiembre.
El informe revela una discrepancia significativa en las cifras: la FGE reporta menos feminicidios de los documentados por el observatorio entre 2017 y 2023.
Por ejemplo, en 2017 el observatorio registró 81 posibles víctimas de feminicidio, mientras la FGE solo reportó nueve. Ese mismo patrón continuó en 2023, con 51 casos registrados por la Ibero frente a 35 de la fiscalía.
Las expertas identificaron que el problema central reside en la incorrecta aplicación de los protocolos de investigación con perspectiva de género. Esto impide que se detecten las razones de género establecidas en el código penal para que una muerte violenta sea clasificada como feminicidio.
Investigar con perspectiva de género los feminicidios: FGE de Puebla
Ana Laura Gamboa explicó que la investigación con perspectiva de género es fundamental, aunque el Protocolo de la FGE, un documento de aproximadamente 400 páginas, incluye esta perspectiva y detalla cómo identificar razones de género en el cuerpo de la víctima o en los hallazgos, en la práctica no se aplica de manera sistemática.
El protocolo establece las preguntas necesarias para los familiares y amigos, como indagar sobre historiales de violencia o la identidad de la víctima.
Sin embargo, la cuestión es cómo implementar estas guías de forma efectiva en todas las investigaciones para evitar la revictimización.
Gamboa recalcó la importancia de las capacitaciones continuas y especializadas, e invitó a las entidades estatales a vincularse con universidades y expertos en género para lograrlo.
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Recomendaciones del Observatorio de Violencia Social y de Género
Entre las recomendaciones del Observatorio de Violencia Social y de Género, se encuentran aumentar el número de personal profesional y experto en la Fiscalía especializada en delitos de género y en la unidad especializada en feminicidios dentro de la FGE.
Otra problemática señalada es la falta de una capacitación continua, articulada y técnica para que el personal pueda identificar con claridad las razones de género en cada muerte violenta. También se recomienda profesionalizar y ampliar las unidades de análisis y contexto de la fiscalía especializada.
Además de investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de una mujer, es crucial identificar los factores de riesgo previos a su asesinato. Se deben considerar sin prejuicios situaciones de vulnerabilidad como ser mujer indígena, migrante, trans, lesbiana o bisexual.
La fiscalía también debe establecer diálogos con agentes ministeriales, peritos y personal de análisis para implementar medidas de seguimiento del avance de las investigaciones.
Otra recomendación clave es emitir informes anuales sobre la distribución municipal de los feminicidios y cruzar esta información con datos relacionados con otros delitos o violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
El objetivo de estas medidas no es solo evidenciar el subregistro de víctimas, sino garantizar que los delitos se tipifiquen correctamente como feminicidios y no simplemente como homicidios dolosos como actualmente lo realiza la FGE.
Esto es esencial para visibilizar la magnitud de un problema que persiste en México, donde no debería haber ni una sola mujer víctima de feminicidio.
Finalmente, las especialistas advirtieron sobre narrativas que minimizan los casos de feminicidio o que crean una percepción de que existen privilegios hacia las mujeres. Aclararon que dar más espacios a las mujeres o incluirlas en las instituciones no combate automáticamente las acciones de machismo, misoginia, acoso y violencia.
