El Instituto Poblano de Pueblos Indígenas (IPPI) no ha mostrado compromiso para garantizar el respeto a los derechos y sistemas normativos de las comunidades originarias en el estado, pues cuando eligen a sus autoridades, no las consideran y se les da la razón a los ayuntamientos.
Esto, a pesar de la reforma al artículo segundo constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y autonomía; así como de la Ley de Derechos Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígena del estado.
En Puebla, hay al menos cinco comunidades, donde los alcaldes no respetaron las asambleas donde se eligieron a autoridades indígenas.
Esto, con el argumento que se tiene la Ley Orgánica Municipal, poniéndola por encima de la Constitución, tanto federal como estatal. Sin embargo, Puebla no es el único estado en el que se tiene esta falta de compromiso en instituciones como el IPPI.
En Puebla “hay un vacío” en términos legislativos
Así se expuso durante la mesa de análisis: Pluralismo jurídico y los sistemas normativos de los pueblos indígenas realizada por Ángulo 7 Radio este 27 de agosto.
Por una parte, la magistrada nahua del Tribunal Superior Agrario, Larisa Ortiz Quintero, comentó que, aunque realizaron avances en términos legislativos, en Puebla “hay un gran vacío que se necesita llenar”, como contar con una Sala Especializada de Justicia Indígena, pues actualmente hay jueces indígenas que no toman en cuenta en el día a día.
Sostuvo que al IPPI le falta mayor compromiso con los pueblos indígenas del estado de Puebla. Por otra parte, consideró necesario que personas indígenas y no indígenas conjunten esfuerzos para lograr una agenda común que permita una armonización de la ley con los hechos, sin necesidad de esperar a la ley reglamentaria de la reforma.
El IPPI nos tiene abandonados: Armando
En tanto, el consejero regional indígena nahua de Zacacoapan, Eloxochitlán, Armando González Arrillaga, señaló que la reforma no ha sido suficiente, ya que deben garantizarse sus derechos y como comunidades “no dejarán de luchar” para lograrlos, pues “están abandonados”.
Puso de ejemplo que en la junta auxiliar de Zacacoapan violaron los derechos de los pueblos originarios, ya que el ayuntamiento “impuso” la elección de autoridades, sin respetar la asamblea, por lo que acudieron a la Secretaría de Gobernación (Segob), pero les dijeron que “ya se había hecho” y tuvieron que impugnarlo ante tribunales. Denunciando la falta de compromiso del IPPI.
Una situación similar ocurrió en Santa Cruz Huitziltepec, en el municipio de Molcaxac; Santa María El Alta, en Tlacotepec de Benito Juárez; en Tepeteno, comunidad de Tlatlauquitepec y San Juan Atzingo, en San Gabriel Chiilac.
Por su parte, la diputada local, Esther Martínez Romano, señaló que Coyomeapan y Eloxochitlán son de los municipios más discriminados en el estado, lo cual ha sido una constante por varios años, sin que la Segob haya hecho algo al respecto, a pesar de que tiene conocimiento.
Se tienen que pelear por espacios: Raymundo
En tanto, el maestro en Derecho Constitucional, Raymundo Espinoza Hernández, mencionó que no es suficiente el reconocimiento formal, sino que se tienen que consolidar las instituciones, pero también “pelear todos los espacios que sean posibles”, al resaltar que ahora se tendrá un presidente de la Corte de origen indígena.
Precisó que las problemáticas no caben en un artículo, por lo que debe tratarse como un tema trasversal en toda la Constitución, así como desde el sistema educativo, sobre todo en las escuelas de derecho con la inclusión de materias que garanticen los derechos indígenas.
En su turno, el profesor de educación indígena, Alberto Becerril Cipriano, puntualizó que hay problemas que se vienen arrastrando, como la falta de un sistema educativo indígena, pues son seis décadas y sigue trabajando en español, y una gran parte el magisterio no habla alguna lengua.
Asimismo, dijo que hay maestros que hablan lenguas y están fuera de sus regiones, lo que implica una desorganización, por lo que se tienen que resolver para atender las necesidades educativas indígenas en pueblos originarios, así como para difundir los derechos que tienen.
Finalmente, el exdirector del INPI, Rafael Bringas, dijo que el instituto tiene que vigilar y dar seguimiento a la aplicación del presupuesto, ya que para este año se aprobaron 3 mil 800 millones de pesos, sin embargo, no se tienen certeza de en qué se están aplicando en el estado.
MFUE
