En Puebla, la FGE debe tener más sensibilidad y voluntad en las investigaciones sobre los casos de desapariciones, pues solo el 10 por ciento de los casos rezagados avanza, aunque igual debe combatirse la impunidad e inseguridad, pues de esa forma pueden reducirse las cifras.
Así lo señalaron en entrevista con Ángulo7 Radio, Juan Hernández Rodríguez, perito en antropología social en el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y María Luisa Núñez Barojas, fundadora del Colectivo la Voz de los Desaparecidos en Puebla.
Ambos coincidieron en que la delincuencia es uno de los factores de la desaparición de personas tanto en el estado como el país, por lo que si se disminuye la inseguridad igual bajaría este delito, pero se requiere más compromiso por parte de las Fiscalías para resolver los casos y que no sean revictimizados.
Núñez Barojas dijo que el registro oficial marca que a nivel nacional hay más de 120 mil personas desaparecidas, pero siempre se tienen una cifra negra, que en el caso del estado estimó en 3 mil, pero las autoridades no han hecho todo lo que les toca para encontrarlas.
Si bien comentó que ha habido avances como la Ley General en materia de Desaparición de Personas, las estatales y las comisiones de búsqueda “no ha sido suficiente”, pues las cifras se mantienen y hay rezago en las carpetas de investigación, lo que genera desconfianza hacia las instituciones.
FGE Puebla y CBP, empáticos ante desapariciones
“Lo que falta es que quieran hacer su trabajo, hay leyes, comisiones de búsqueda, presupuesto, capacitaciones, hay protocolos, las propias familias han aprendido a buscar, a leer la tierra, a investigar, si nosotros podemos hacer eso sin recursos, sin poder en la mano, por qué el Estado no puede, pues porque no quieren, eso igual es omisión”, expresó.
Puso de ejemplo la Comisión de Búsqueda de Puebla que se creó en 2019 y “es de las más equipadas” del país actualmente, pero por varios años fue “inoperante” y perdió recursos de la Federación. El titular Luis Javier Cervantes Gómez ha tenido disposición en trabajar, aunque está enfocado en el tema administrativo y es necesario que sea más operativo.
Esto, pues afirmó que la mayoría de los casos que se dan a conocer donde fueron localizadas las personas, es porque no fueron víctimas de desaparición, por ello sugirió que debe haber voluntad para que se le asignen más recursos y sea más funcional en su labor, pues hay veces que no tienen ni para la gasolina para salir a algún municipio.
No todos son víctimas de la delincuencia
En ese tenor, consideró que la política de la Federación de erradicar a los grupos criminales sí puede ayudar a reducir el número de desapariciones, pero igual es importante el sistema de justicia, ya que se tiene un alto nivel de impunidad y mientras en las fiscalías “se tenga un trabajo deficiente”.
Dijo que, en el caso de Puebla, la Fiscalía se encuentra en omisión e inacción, pues puso de ejemplo que como colectivo dan seguimiento a 100 casos, pero el 90 por ciento están rezagados, con investigaciones interminables, pues ni siquiera han llegado con un juez en el Poder Judicial.
Sostuvo que parece que es una consigna de la FGE, pues en su momento acudieron con el ahora extitular Gilberto Higuera Bernal, se firmó un convenio y no hubo avance. También expusieron esto en la Fiscalía de Desaparecidos y aunque se daban instrucciones para que relevaran a funcionario, ahí siguen, lo que muestra que “tienen a sus consentidos”.
Agregó que no hay un reparto equitativo de la carga del trabajo, pues hay agentes del Ministerio Público con más de 100 carpetas, mientras que otros tienen menos y no avanzaban, lo cual le dijeron a Higuera Bernal y lo único que se hizo fue que se las quitaran y daban a otro para que no se quejaran de ellos, pero parecía más un premio.
Ante esto, afirmó que un sistema de justicia no es tan funcional cuando se tiene una sentencia condenatoria, pero la persona está desaparecida, pues no es un trabajo integral, como ha ocurrido con los casos de Betzabe y Paulina Camargo, que los responsables están presos, pero las víctimas no han sido localizadas.
Retos económicos, materiales y logísticos
Por su parte, Hernández Rodríguez comentó que los principales retos en materia de desapariciones, sobre todo en la FGE Puebla, que se tienen para la identificación de desaparecidos, son los recursos económicos, personal capacitado, de logística y que se tenga el material suficiente en los laboratorios para poder realizar los procesos.
Dijo que una de las situaciones que ha notado es que “hay un gran problema de justicia penal” en donde la mayoría de los casos los familiares tienen un “estigma social”, porque no quieren que los vecinos o alguien más cercano a ellos se entere de esta problemática.
Comentó que a esto se suma que en muchos casos no saben a dónde acudir ante una desaparición, por lo que recae en la institución, en donde “desafortunadamente” se da una reclasificación y cuando aparece un cuerpo ya lo hacen como una persona desaparecida, sino como homicidio, dejando a un lado que era buscado por sus familiares.
Puntualizó que el problema logístico es otro de los factores que se dan, pues entre familiares se intenta hacer una búsqueda, pero no saben cómo hacerlo, pues la desaparición puede ser por parte del crimen organizado, pero también se puede dar por instituciones de seguridad.
“Es un estigma que se tiene porque es una de las formas en que las instituciones de justicia y seguridad, dicen que si desapareció fue por algo, es como con los familiares, no porque quieran decir que fue porque estaba en malos pasos, pero eso se puede pensar, entonces es algo que se tiene que acabar”, remarcó.
FGE Puebla debe analizar “ofertas de trabajo” que provocan desapariciones
Puso de ejemplo que mucho de lo que se da es que se ofertan trabajos en otros estados con buenas remuneraciones, lo citan en la central de autobuses y posteriormente son coaptados por una agrupación delincuencial y eso no significa que la persona sea integrante de un grupo delictivo, sino víctima de un sistema de levantamiento de coaptación.
Sin embargo, precisó que las autoridades, tanto de FGE Puebla como CBP, para “quitarse la presión” sobre las desapariciones dicen que pudo estar en malos pasos, con la delincuencia, y se la quitan con que tal vez fue víctima de otra organización o así, lo que igual es una forma de dejar a un lado el delito de desaparición.
Mencionó que por eso tampoco se tienen una estadística real de fosas clandestinas, porque se puede regresar al estigma de que son víctimas de la delincuencia, cuando no se tiene esa información comprobada, ya que se maneja con mucho hermetismo por parte de las autoridades.
Por ello, coincidió en que combatir la delincuencia y la desarticulación de bandas como lo ha planteado la Federación puede ayudar a disminuir las cifras, pero eso igual se debe reforzar con los protocolos de búsqueda, mayor seguridad de las instituciones y fortalecer las pruebas de confianza para que las policías no estén vinculadas.
“Se tiene que reforzar el tema de la seguridad interna, en la fiscalía hacer la búsqueda con todos los protocolos, estamos hablando que son más de 120 mil en el país. Tiene que hacerse una metodología correcta, acudir familiares y los funcionarios, que la policía y los ministerios se enfoquen en esto”, concluyó.
