Por la dificultad de presentar pruebas que solventen los 387 millones de pesos de la administración de Lalo Rivera, prevén que para enero del 2026 se cierre la auditoría y pase al área de responsabilidades para seguir con el debido procedimiento.
Así lo informó la titular de la Contraloría de Puebla capital, Dulce Lilia Rivera Aranda, en rueda de prensa. Detalló que el recurso investigado fue invertido en obra pública y contratos celebrados por el anterior ayuntamiento.
De acuerdo con la funcionaria, no es posible conocer un porcentaje de solventación hasta terminado el proceso de responsabilidades de Lalo Rivera. En contraste, una estimación realizada por la diputada federal Nora Yessica Merino Escamilla, sólo solventó 3.51 por ciento del recurso ante la Cámara de Diputados.
Sumado a esto, la funcionaria afirmó que la anterior administración no presentó diversos entregables, de los que destacó documentación comprobatoria del gasto corriente y el gasto de inversión. Por ello, comenzaron las investigaciones de la mano de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en mayo pasado.
Sobre el procedimiento, abonó que en diciembre entregarán los expedientes del gobierno de Lalo Rivera, al área de responsabilidades. Posteriormente, en enero se radicarán dichos documentos para pasar a un proceso encaminado al deslinde de responsabilidades.
Lalo Rivera podría enfrentar sanciones según grado de responsabilidades
Ante cuestionamientos sobre si será el exalcalde quien reciba las sanciones, la contralora especificó que dependerá del grado de responsabilidades. De este modo, también se podría señalar a los directores y funcionarios de finanzas de su gabinete.
Indicó que al momento de continuar el proceso se trabajará de la mano con la ASE para conocer el grado de responsabilidades de Lalo Rivera. Esto, en virtud de optimizar la rendición de cuentas a través de las facultades de cada uno de los organismos.
Por último, aseguró que la intención es que el proceso de deslindar responsabilidades se concluya antes de terminar la administración. Ello, en virtud del derecho a la transparencia de la ciudadanía, a quien ultimó que van dirigidas las investigaciones.
