En informe por sus 100 días al frente de la CDH de Puebla, Isela Sánchez Soya afirmó que la institución no es solo pública, sino un espacio de puerta abierta pues la protección de los derechos humanos “es la labor principal”; de noviembre a la fecha se han recibido mil 802 quejas y se emitieron 107 medidas cautelares.
Así lo señaló, durante su informe por los primeros 100 días, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) este lunes, donde estuvo acompañada del gobernador Alejandro Armenta Mier, el alcalde José “Pepe” Chedraui Budib.
Con presencia también de las presidentas del Congreso local, Laura Artemisa García, y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Belinda Aguilar Díaz, la ombudsperson manifestó que en más de 30 años que lleva la CDH solo dos mujeres han encabezado el organismo en Puebla.
Dijo que esto muestra los retos que aún se enfrentan en la lucha por la igualdad y justicia, por ello es que durante su gestión se ha enfocado a dignificar la labor de la CDH. Se inició una transformación institucional enfocada en la atención, protección y garantía de los derechos de todas las personas en la entidad.
Aseveró que los derechos humanos se encuentran en el centro de la labor del organismo que encabeza, por lo que se han tendido puentes para dar soluciones desde el ámbito local, por lo que toda acción será siempre con la visión de ser justa, igualitaria e inclusiva.
“Esta comisión escucha, dialoga y actúa con sensibilidad y eficacia, esta no es solo una institución pública, es un hogar de puertas abiertas, donde cada voz cuenta, cada historia importante, porque en la casa de los derechos humanos en Puebla, la voz de los ciudadanos será siempre nuestra visión”, remarcó.
En informe de 100 días CDH Puebla destaca 117 medidas cautelares
Tras esto, como parte de su informe, Sánchez Soya comentó que en lo que se lleva al frente de la CDH Puebla se ha emitido la recomendación 01/2025, tras el incumplimiento de la Conciliación 6/2024, por vulneraciones al derecho humano a la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.
De igual forma, destacó la emisión de 117 medidas cautelares y mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para dar seguimiento a la recomendación 1/2024, relativa al protocolo para casos de intentos de linchamiento.
Además, se recibieron mil 802 quejas a través de distintos medios, sumadas a 573 que se tenían en las Visitadurías Generales, dando un total de 2 mil 449 expedientes en trámite. Se brindaron 127 atenciones a la ciudadanía, incluyendo 90 orientaciones, 14 acompañamientos y 23 valoraciones psicológicas.
Recalcó que se activaron 10 protocolos de habeas corpus en distintos municipios y un Protocolo de Estambul ante un posible caso de tortura y tratos crueles, mientras que se verificó el cumplimiento de ocho recomendaciones que estaban en proceso.
Agregó que se puso en funciones una sala de atención a víctimas dentro de los primeros siete días de su gestión, brindando un espacio seguro y protector a quienes acuden a la Comisión. Se firmaron 23 convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el trabajo en materia de derechos humanos.
31 visitas a penales de Puebla
Se realizaron 31 visitas a penales de Puebla, incluyendo ocho al de San Miguel y cuatro a los centros de Huauchinango, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán. Además, en coordinación con colectivos feministas y organizaciones se facilitaron reencuentros familiares con mujeres recluidas.
Finalmente, la presidente de la CDH Puebla comentó que se atendieron 36 solicitudes de información, se conformó un nuevo Comité de Transparencia y se desarrolló un módulo web para consulta de información.
En su turno, el gobernador Alejandro Armenta Mier mencionó que es tiempo de transformación y de las mujeres, por lo que reconoció la labor de la comisión en esta nueva gestión. Afirmó que los poderes públicos coexisten para hacer cumplir la constitución y tienen que estar del lado de las y los ciudadanos.
“Quienes tenemos una responsabilidad pública, tenemos claro que al protestar cumplir y hacer cumplir la Constitución, entendemos el mandato que significa promover, cuidar los derechos sociales en nuestro estado. Al gobierno le corresponde otorgar equilibrio en los intereses de la población, pero nunca afectar sus derechos”, concluyó.
