Tras una revisión de expedientes por violación a los derechos humanos de personas con discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, emitió la Recomendación 03/2025 a la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que la primera fue por vulnerar acceso a justicia.

Esta recomendación, emitida por el órgano presidido por Isela Sánchez Soya, también surgió para salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la justicia bajo un enfoque especial de las personas discapacitadas.

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Tras el análisis de las evidencias del expediente de un denunciante, la CDH Puebla determinó que existieron violaciones a los derechos humanos por la FGE.

Las violaciones fueron hechas particularmente en términos de acceso a la justicia con enfoque de género, ajuste razonable en el proceso y falta de diligencia.

¿Qué recomendaciones emitió CDH de Puebla a FGE?

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Debido a todo lo anterior, la CDH de Puebla emitió las siguientes cuatro recomendaciones dirigidas a la Fiscalía General del Estado:

  • Efectuar los actos de investigación necesarios para esclarecer los hechos denunciados.
  • Otorgar una reparación integral del daño a la víctima.
  • Continuar con la integración y determinación de los expedientes relacionados con los casos. o Capacitar al personal de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
  • Brindar capacitación a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso en el respeto.
  • Brindar protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad.

Cabe decir que en agosto de 2023, la CDH emitió una propuesta de conciliación que fue aceptada por la FGE, pero no cumplieron los puntos establecidos. Por lo que eso llevó a la reapertura del expediente de queja.

A pesar de la aceptación de la conciliación antes mencionada, el denunciante no ha podido acceder adecuadamente a la justicia. Lo anterior debido a la falta de ajustes procesales que permitieran su entrevista y participación en la investigación.

Con estas acciones, la CDH Puebla reafirma su compromiso de garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad y promover una justicia accesible y equitativa para todos los ciudadanos.

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