Andrea Lezama, sobreviviente de violencia vicaria, impugnará la decisión de la jueza Alejandra Román Pérez, quien determinó cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario para Ricardo N., el primer agresor vinculado a proceso por este delito en Puebla.
Este 31 de octubre, Andrea Lezama, respaldada por colectivas, organizaciones y defensoras de derechos humanos, se manifestó frente a la Casa de Justicia Penal, en la exhacienda Castillotla.
Las protestantes exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial (PJE) que todos los casos de violencia vicaria sean tratados con una perspectiva de género.
Andrea señaló que realizará una impugnación y todos los procesos legales necesarios para revertir la medida de la jueza. Aseguró que, durante la audiencia, la autoridad judicial revocó la prisión preventiva con el argumento de que la víctima no corría riesgo.
Sin embargo, posteriormente reconoció que existía un riesgo real de que el agresor sustrajera al menor, aunque no revirtió su decisión de retirar la medida cautelar.
Jueza libera a violentador vicario
La jueza determinó que elementos policiales vigilarían al imputado las 24 horas del día, los siete días de la semana.
No obstante, surgen cuestionamientos de los colectivos sobre la viabilidad de esta medida: ¿existe realmente el personal suficiente para realizar dicha vigilancia? ¿Quién garantizará que las Andrea y su hijo, estén verdaderamente protegidas?
Además, el imputado residirá con sus padres, las mismas personas que en su momento aseguraron desconocer el paradero tanto de él, como del menor, cuando lo tuvo consigo durante seis años.
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Riesgo para hijo de Andrea Lezama
Durante la protesta, Andrea Lezama señaló que esta resolución pone en riesgo la seguridad de su hijo. Por ello, pidió que se implementen medidas efectivas para resguardar la integridad física y emocional de ambas víctimas.
También solicitó a las autoridades que investiguen las actuaciones de la jueza Alejandra Román Pérez y de la Agente del Ministerio Público, Maricela Domínguez Hernández, por juzgar sin perspectiva de género.
Finalmente, exigió que se garantice el acceso a la justicia para todas las víctimas de violencia vicaria y que el Estado cumpla con su obligación de proteger a las infancias y a las mujeres frente a sus agresores.
Un retroceso en la lucha por la justicia
Esta resolución judicial representa una afrenta directa contra las mujeres, las infancias y la lucha para erradicar la violencia vicaria.
Puebla se había convertido en un referente nacional e internacional por lograr la primera vinculación a proceso por este delito; sin embargo, decisiones como la de la jueza Alejandra Román Pérez significan un profundo retroceso en materia de justicia y derechos humanos.
Cabe recordar que el imputado separó a Andrea Lezama de su hijo durante seis años.
A pesar de las órdenes judiciales, él se negó a presentarse ante las autoridades y fue detenido únicamente tras girarse una orden de aprehensión. Después de años de lucha y reconstrucción, el sistema judicial vuelve a colocarla en una situación de peligro.
