Entre tandeo, aumento de tarifas y abusos por parte del personal, de las 998 colonias a las que Agua de Puebla brinda el servicio, el 77 por ciento reporta alguna queja. Esto sin considerar la calidad del agua, que en algunas zonas rebasa los límites permitidos.
Así lo expuso para Ángulo 7 la académica María Eugenia Ochoa García, miembro del colectivo Asamblea Social del Agua (ASA) y de la Contraloría Autónoma del Agua. En entrevista, relató que la empresa privada actúa con libertad porque el Soapap sólo atiende a medias los reportes.
Ante la pregunta sobre la respuesta que reciben a sus reportes, Ochoa García respondió:
“No interlocutamos con la empresa. Nuestras quejas se dirigen al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), que es la instancia pública que debería regular a Agua de Puebla. Pero Soapap y la empresa comparten edificio: oficinas separadas, pero pared con pared. Eso refleja el conflicto de interés. Por eso, cuando denunciamos, a veces actúa, pero se tarda o responde a medias”.
Y es que, explicó, cada martes a las 5:00 p.m., durante las asesorías que ofrecen en el salón multiusos de la unidad Guadalupe, dialogan con distintos colonos para atender y garantizar su derecho humano al agua.
La ASA tiene como principal queja la falta de suministro regular del “oro transparente”, sobre todo en más de 200 colonias de Puebla capital. El argumento de la empresa —también conocida como Concesiones Integrales— es que no en todas las zonas hay capacidad de pago.
Agua de Puebla, con quejas y mal servicio
“Eso es parte de la lógica mercantil: Agua de Puebla no presta el servicio donde no es rentable. Pero el agua no puede ser tratada como mercancía. Es un bien común, como lo establece el artículo 27 constitucional”.
El segundo motivo de queja hacia Agua de Puebla es la insuficiencia en el suministro. María Eugenia explicó que esto se traduce en que “no haya agua suficiente para cubrir las necesidades básicas”.
Desde su experiencia como experta en el tema hídrico, indicó que esto no se cumple, principalmente por el esquema de tandeo. “En algunas colonias llega una vez por semana y sólo durante 15 minutos”.
El segundo factor a considerar es que un efecto directo de la privatización ha sido el aumento en el precio del agua.
“Al inicio de la privatización pasamos de pagar bimestralmente a hacerlo cada mes, lo que significó un aumento automático del 100 por ciento. Además, la tarifa depende del valor catastral de las viviendas”.
Es decir, si una vivienda de ingreso medio se ubica dentro de una zona con alto valor, producto de desarrollos inmobiliarios, tendrá que pagar una tarifa elevada. Por el contrario, si un desarrollo se instala en una zona catalogada con “bajo” valor, la tarifa tiende a ser menor.
“Hay seis niveles tarifarios. En el estrato más bajo, la tarifa fija va de 150 a 170 pesos. En el más alto, puede superar los 1,500 pesos mensuales”.
En relación con la insuficiencia, un tercer indicador que señalan son los medidores, que, según los reportes recabados por el colectivo, no marcan adecuadamente.
La solución ofrecida por la empresa es acudir a reclamar. Sin embargo, explica María Eugenia, al presentar la queja, se le exige al usuario pagar un peritaje, el cual, en la mayoría de los casos, falla a favor de la empresa.
Privan del derecho humano
Privar del derecho humano al agua no sólo implica cobrar por acceder a ella, sino también impedir su consumo. En ese sentido, la activista señala que otra de las principales quejas contra Agua de Puebla es el corte del servicio cuando no se realiza el pago inmediato.
“Es una violación flagrante al derecho humano al agua y un riesgo de salud pública”.
Ante quejas de Agua de Puebla, piden mesa de diálogo
María Eugenia Ochoa García dijo que no se puede seguir presentando más quejas ante Agua de Puebla, porque al final la empresa “es juez y parte”. Por ello, planteó que el gobernador Alejandro Armenta convoque a una mesa de diálogo con todos los sectores y se trabaje en una nueva legislación en la materia.
“Tiene que haber una nueva ley estatal para Puebla, ya que la actual —aprobada en diciembre de 2012 durante el gobierno de Moreno Valle— es totalmente privatizadora. Un ejemplo: la cabeza del sector agua en Puebla no es la Secretaría de Medio Ambiente, sino la Secretaría de Infraestructura, lo cual refleja una visión errada, meramente técnica y sin enfoque ambiental o social. Eso debe cambiar”.
Denunció también que “el Congreso nunca aprobó la concesión, y eso por sí solo podría invalidarla. El artículo 115 constitucional establece que el agua es un servicio público municipal, por lo tanto, el Congreso era el único que podía autorizar un cambio en la gestión, y no lo hizo. En su momento, Gabriel Biestro incluso confirmó en una reunión que no hay acta, sesión o documento que muestre que el Congreso votó la entrada de la empresa. Eso es clave”.
Finalmente, exhortó a la población a no quedarse de brazos cruzados y sumarse a la defensa del vital líquido. Desde su óptica, hay argumentos suficientes para revertir la privatización, pero “sólo tiene que haber voluntad de quien gobierna”.