Para avanzar en la transformación del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la impartición de justicia de manera adecuada, se requiere que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) sancione faltas graves sin ser inquisidor, además de un órgano administrativo que promueva la austeridad, la no corrupción y la eficiencia.
Así lo señalaron en entrevista con Ángulo 7 Radio, el pasado 18 de junio, Natalia Téllez Torres Orozco, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y Raymundo Espinoza Hernández, defensor de derechos humanos.
Ambos compitieron para ser ministros de las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quedando en sexto y noveno lugar, respectivamente, y coincidieron que después de la elección del 1° de junio aún hay un gran camino para concretar el cambio en el PJF.
Por su parte, Raymundo Espinoza explicó que uno de los cambios que trajo la reforma es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y con ello la separación de las funciones administrativas y disciplinarias.
Es decir, por un lado, el Tribunal de Disciplina Judicial, que ya tiene competencias claras para monitorear y sancionar el desempeño de los juzgadores, permitirá combatir los abusos cometidos y las decisiones erráticas o políticamente calculadas.
Lo anterior porque “han erosionado la confianza ciudadana”. Raymundo Espinoza señaló que espera que el nuevo tribunal ponga fin a estas prácticas. Mientras que el órgano administrativo deberá garantizar eficiencia y transparencia en las funciones.
Tribunal de Disciplina
Sobre el Tribunal de Disciplina, la magistrada Natalia Téllez apuntó qué el éxito del sistema dependerá de dos pilares fundamentales: que las sanciones se apliquen con estricto apego a derecho. Además, que los expedientes se integren de manera adecuada, con elementos probatorios y una investigación sustentada.
También, dijo que, en muchas ocasiones por la corrupción y la insuficiencia probatoria, algunos casos no pudieron prosperar sin vulnerar el marco legal. Y destacó que es necesaria la capacitación, para el personal interno y de los órganos externos vinculados.
Rezago en los órganos jurisdiccionales
Natalia Téllez y Raymundo Espinoza coincidieron que otro de los problemas es el rezago de casos, que es producto de paros de labores, de la pandemia y es estructural.
Raymundo Espinoza explicó que no basta con la voluntad o capacidad técnica, sino que se necesitan reformas legales que redistribuyan competencias entre tribunales federales y locales.
Asimismo, es necesario fortalecer a los tribunales locales, puesto que, sin cambios profundos, el rezago persistirá.
Natalia Téllez dijo que los juicios de amparo también contribuyen al rezago, pues se han convertido en una suerte de “cuarta instancia”, puesto que retrasa la resolución definitiva de los conflictos.
En muchos casos, los procesos se prolongan tanto que incluso los quejosos fallecen sin ver justicia, evidenciando esta problemática.
La saturación se agrava por la redistribución de competencias dentro del Poder Judicial, que ha absorbido funciones sin ampliar su capacidad operativa. Para revertir esta crisis, la magistrada dijo, que se requiere una reforma constitucional que permita aumentar el número de magistrados.
Te puede interesar:
Otros retos
Los juristas insistieron en que hay muchos problemas que no van a cambiar de la noche a la mañana, puesto que se requiere un cambio de mentalidad, acompañado de los cambios técnicos.
Por su parte, Natalia Téllez señaló que, para combatir la corrupción, la ciudadanía debe comprender que cada acto de este tipo impacta directamente en su vida y patrimonio. Si bien fomentar las denuncias es fundamental, las instituciones deben responder con investigaciones sólidas y sanciones efectivas.
Además de que la transparencia debe ser prioritaria, desde las acciones más cotidianas hasta los casos de mayor gravedad.
Mientras que el maestro Raymundo Espinoza, señaló que “los jueces cercanos a la gente”, implica que atiendan los grandes problemas sociales, como el acceso al agua, la salud, la vivienda y el medio ambiente. Recalcó que el sistema de justicial está llamado a responder a esas exigencias de manera inmediata.
Y concluyó que es necesario reconciliar el principio de legalidad con el de justicia social, especialmente en un Estado social de derecho como México, donde ese concepto se había diluido en los últimos años.
La reforma judicial ha revitalizado estos principios, y los nuevos juzgadores asumen ahora la responsabilidad histórica de materializarlos.
