La diputada federal de Morena, Claudia Rivera Vivanco, presentó una reforma constitucional para que los ayuntamientos regulen los costos y seguridad en servicios funerarios. Así como hacer públicas las funciones de velación, cremación y traslado de restos.
Desde la Cámara de Diputados, la morenista detalló que se trata de una modificación al artículo 115 de la Constitución, el cual data de 1983. De acuerdo con Rivera Vivanco, la redacción vigente en la Carta Magna resulta anacrónica ante la realidad nacional.
A partir de esto, se ha generado un “vacío legal” que ha sido aprovechado por agencias privadas para imponer tarifas excesivas por los servicios funerarios.
Detalló que estas han incrementado sus costos hasta en un 100 por ciento en los últimos años, con paquetes que superan los 50 mil pesos. Lo anterior, convierte el derecho a una despedida digna un privilegio inalcanzable para las familias mexicanas más vulnerables.
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Falta de vigilancia y supervisión sanitaria en servicios funerarios
Asimismo, Claudia Rivera advirtió que ante la falta de una autoridad responsable y de una regulación clara existen graves problemas de seguridad y salud pública.
Señaló que, actualmente, más del 60 por ciento de los cementerios en zonas metropolitanas están en manos de particulares sin una vigilancia estricta. Además, tras la ausencia de la rendición de cuentas periódicas sobre el número de servicios funerarios realizados, se facilitan prácticas como cremaciones clandestinas o el ocultamiento de cadáveres vinculados a hechos ilícitos.
¿De qué trata la propuesta?
La propuesta busca que los ayuntamientos se encarguen de estos servicios esenciales, permitiéndoles no solo garantizar espacios físicos para la inhumación, sino también regular de manera integral toda la cadena funeraria.
Así como fijar precios justos mediante títulos de concesión transparentes y asegurar que los servicios de velación y traslado cumplan con estándares dignos.
De igual forma, la reforma pretende que el Estado mexicano cumpla con su deber de proteger a la ciudadanía en los momentos de mayor vulnerabilidad, garantizando que el último adiós a un ser querido no sea motivo de ruina financiera por los servicios funerarios ni de riesgo para la seguridad nacional.
En materia ambiental, la legisladora alertó sobre el impacto de las emisiones de dióxido de carbono generadas por hornos crematorios que operan sin supervisión real. Esta situación convierte a las normas actuales en simples “cartas de buenas intenciones” ante la ausencia de una facultad sancionadora por parte de los municipios.
