Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, propuesta presidencial que busca fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública y combate al crimen.
La legislación establece bases de operación e integración para las instituciones de seguridad federal, estatal y municipal. Regula las mesas de paz, consejos locales de seguridad, centros de comando y control, así como el uso de fondos federales, que podrán suspenderse en caso de incumplimiento por parte de estados o municipios.
Durante el debate, la senadora de Morena Lucía Trasviña calificó la ley como un nuevo paradigma de seguridad. Aseguró que responde al artículo 21 constitucional y que recoge la experiencia institucional acumulada, proyectando el rumbo estratégico para consolidar la paz y fortalecer la justicia en todo el territorio nacional.
Entre los elementos clave de la reforma se encuentra la incorporación formal de la Guardia Nacional al sistema. También se crea el Sistema Nacional de Información, que registrará armamento, detenciones e incidencia delictiva. Sin embargo, los datos estarán reservados, lo que generó críticas por posible falta de transparencia.
El dictamen fue aprobado en la última sesión del periodo extraordinario. La votación exhibió divisiones en la oposición. Senadores del PAN como Marko Cortés, Lilly Téllez y Laura Esquivel votaron en contra, mientras otros legisladores panistas respaldaron la iniciativa, lo que evidenció fracturas internas dentro del partido.
Senado aprueba nueva Ley de Seguridad Pública 2025
Durante la sesión, senadores del PAN desplegaron una manta con la frase “Gobierno espía”, en protesta por la ley. Morena respondió con otra que aludía a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, para criticar los gobiernos anteriores.
La oposición denunció que la legislación impulsa la militarización del país. El priista Miguel Riquelme advirtió que la norma pretende desaparecer organismos autónomos, destruir instituciones y concentrar el poder político en el Ejecutivo, generando riesgos para la democracia y el equilibrio de poderes en el país.
En respuesta, el senador morenista Enrique Inzunza defendió que la ley permite articular prevención y persecución del delito con inteligencia. Aseguró que anteriormente no existía un marco jurídico que otorgara estas facultades al Estado. Con esta norma, dijo, se avanza hacia un modelo integral de seguridad.
El proyecto fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez promulgada, la ley sentará las bases del nuevo modelo nacional de seguridad pública, con mayores atribuciones para las instituciones federales y lineamientos comunes para estados y municipios.