Como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, se inició la prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil que tiene como objetivo evitar estos delitos y facilitar la búsqueda de los responsables.
Dicha prueba está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con el apoyo de las operadoras Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán. Esta inició el 1 de septiembre y finalizará en octubre.
Posteriormente, se hará obligatorio el registro de las nuevas líneas de telefonía móvil en todos los puntos de venta. Esto con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de telecomunicaciones.
Esta prueba permitirá definir acciones y áreas de mejora en los procesos del registro de las líneas telefónicas y usuarios a cargo de los concesionarios y comercializadores del servicio móvil. Esto previo a la operación obligatoria del registro contemplada en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
¿Cómo funciona el registro de usuarios de telefonía móvil?
La identificación de los usuarios, se hará a través de algún documento oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esto a fin de vincularlos con la línea telefónica que contraten o adquieran en los centros de atención a clientes,
Los datos personales quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas, de conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El gobierno no tendrá acceso a ellos a través del registro de telefonía móvil.
Sin embargo, esta medida está planteada para facilitar las solicitudes de órdenes judiciales para el bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión. Con esto, se implementarán operativos en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos para la comisión de dicho delito.
Para ello, se firmó un acuerdo entre el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández. Así como con los representantes de las empresas telefónicas, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Además se contó con la presencia del subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez, y el director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, José Antonio Montero.
