Pese a la revictimización y corrupción en casos de violencia contra mujeres, se debe luchar hasta lograr justicia, señaló Amarande Riojas Orozco, quien aseguró que hará lo mismo por la violación que sufrió por parte de Javier Lozano Ponzanelli y Gabriel Castañeda Gómez-Mont.
En entrevista con Ángulo 7 Radio, la abogada y jueza electa de distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, lamentó que cuando una persona es víctima de violencia sexual, debe priorizar su salud mental antes de iniciar un proceso legal, pues “es costoso y revictimizante”.
Sobre su caso, expuso que ingresó como pasante al despacho Nassar Nassar y Asociados en 2014, en el que estuvo nueve meses. Sin embargo, salió porque “había actos de corrupción increíbles, eran clasistas, se sentían intocables y creían que con dinero o con ser hijos de alguien importante se resuelve todo”.
Explicó que, por ello, decidió salirse, aunque en diciembre de 2016 la invitaron a una comida por haber formado parte del despacho. En ese evento, fue víctima de violación por parte de dos abogados, actualmente socios del despacho, en alusión a Javier Lozano Ponzanelli, hijo del político del PAN, Javier Lozano Alrcón, y Gabriel Castañeda Gómez-Mont.
Jueces en red de protección a violadores
Relató que desde que decidió denunciar los hechos en 2021 solo obtuvo una persecución en su contra, pues ha sido víctima de violencia institucional. Este fue el motivo que la llevó a hacer público su caso porque sabía que en la Fiscalía de la Ciudad de México “no iban hacer algo al respecto” a pesar de las pruebas.
“Ha sido asqueroso lo que he tenido que pasar tanto en la Fiscalía, como en la audiencia de vinculación a proceso del 2 de junio, pues me la querían poner el 30 de mayo, cuando yo estaba en veda y sabían que no podía hablar. El juez penal que lleva el caso, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, buscó ser magistrado federal”, expresó.
Calificó este hecho como violencia institucional, pues ella sabe que el juez “es un protector de violadores”. Esto ya que ha dejado en libertad a otras personas acusadas de violencia sexual, aun existiendo datos de prueba suficientes para vincularlos a proceso.
Juez en caso Lozano, con preferencia a agresores
Mencionó que su caso contra Lozano, asentado con la carpeta 002-0847/2023, tuvo una audiencia el 2 de junio que consideró “a modo”. Afirmó que el juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza también tiene una acusación de violación a una de sus alumnas, a quien ha llamado “mentirosa” durante el proceso judicial.
Aunque presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), “sus amigos resolvieron que es una persona imparcial”.
“Este juez expresa su aversión hacía a mí y su preferencia hacia mis agresores que los conoce, pues les habla de tú. Tan solo el 2 de junio en la audiencia decide no darle el uso de la voz a mi asesora jurídica, Karla Michel Salas, yo nunca había visto eso, ese es el nivel de juzgadores que se tienen”, remarcó.
Riojas Orozco refirió que “este tipo de redes de corrupción” en el Poder Judicial de la Ciudad de México ha existido por muchos años. Además, consideró que ya no se le debe permitir a Edgar Agustín Rodrigue Beiza, seguir en un cargo “donde tanto daño ha hecho a las víctimas”.
Citó otros dos casos donde el juez dejó libre al violador de los hijos de una mujer de nombre Mariana. Así como el de Dafne, que fue víctima de violencia sexual por parte de unos doctores. Esto aunque se presentaron rastros de ADN de los involucrados como pruebas, el juzgador decidió no vincularos a proceso, similar a su caso contra Lozano.
Aseveró que este tipo de jueces, no solo “lastiman a las personas”, sino también al sistema jurídico mexicano. Esto pues son muestra de que la corrupción y el tráfico de influencias limitan el acceso a la justicia. En su mayoría, explicó, es por los contactos que tienen o por los “arreglos” que llegan fuera de la oficina.
Pese a ello, sostuvo que ella no desistirá de su caso contra Javier Lozano Ponzanelli y Gabriel Castañeda Gómez-Mont. Esto hasta lograr que se haga justicia y se les castigue. Y es que presentó una apelación con la que se busca que se les vincule a proceso.
Necesario una reforma para fiscalías
En ese sentido, reflexionó que la red de corrupción entre jueces, despachos y ministerios públicos, “es un reto complicado”, por la discrecionalidad que se da entre los involucrados. Ante esto, consideró que se debe hacer una reforma integral para las fiscalías, con base en su experiencia con el caso contra Lozano.
Esto, pues afirmó que, en México, las fiscalías están sobrepasadas, ya que no cuentan con los mecanismos tecnológicos necesarios para recabar entrevistas de las denuncias. Esto por los horarios “extremos” y la saturación de los ministerios públicos.
Asentó que esto provoca que se vuelva tediosa e inalcanzable la justicia y que solo los que tienen dinero puedan acceder a ella. En ese sentido, consideró que existe un “derecho selectivo” que impera en el Poder Judicial, por lo que la actual reforma no es suficiente, ya que se deben reformar también las fiscalías.
“Las fiscalías adolecen de una red de corrupción enorme, empezando por el ministerio público que obedece a los que tienen dinero y la poca exigencia de nosotros como ciudadanos; desde los despachos tienen un modus operandis de corromper a la autoridad para conseguir lo que necesiten y que muchas veces se da en los casos de violencia sexual”, asentó.
Reconoció que es algo que las fiscalías tienen que “transformar”, pero no será de la noche a la mañana con las “mafias que lo controlan”. Reiteró que es necesario una reforma que incluya presupuesto y mayor tecnología, para que las audiencias o entrevistas se graben y poder vigilar el actuar de funcionarios.
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