A partir de este 1 de enero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) contará con la facultad de investigación de delitos y de coordinar las estrategias de inteligencia a desarrollarse entre instituciones.
Lo anterior tras la publicación del decreto hecha el 31 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del dictamen concerniente a la reforma al artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene por objetivo fortalecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) respecto a estrategias que estará a cargo de Omar García Harfuch.
Los cambios que aprobaron los senadores y diputados federales son parte central de la Estrategia Nacional de Seguridad que emprendió Sheinbaum Pardo tras asumir la presidencia de México el 1 de octubre de 2024.
Con la publicación en el DOF de la reforma de Sheinbaum Pardo permitirá que la investigación de los delitos esté a cargo del Ministerio Público y que también le corresponderá a la “secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo federal”, así como a la Guardia Nacional y a los policías del ámbito de su competencia.
El objetivo es que los agentes de la SSPC estén habilitados para investigar y desarrollar información estratégica y de inteligencia en materia de seguridad pública.
A la par, la reforma apunta que con esto, la SSPC logrará coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y otras corporaciones de seguridad pública que operan en el país.
Asimismo, la propuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo expresa que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será la responsable de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como de ser la encargada de acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno.
También permitirá a la SSPC solicitar información a las instituciones y dependencias de la administración pública para el esclarecimiento de los hechos que pueden ser constitutivos de delitos.
En cuanto a los recursos federales para la seguridad pública, estos serán aportados a las entidades y el uso adecuado será vigilado por Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia que también podrá emitir acuerdos, homologar estándares y criterios.