Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, planteó la necesidad de modificar la Ley de Fiscalización de la ASF y la Ley de Responsabilidades, pues no tiene plazos definidos para cerrar los casos, lo cual genera retrasos en casos preocupantes como en el de red de huachicol fiscal donde involucran servidores públicos.
Desde Palacio Nacional, señaló que, a su criterio, la reforma a la ley se centraría en dos áreas principales para mejorar la eficacia y la justicia en los procesos gubernamentales. Esto, en expedientes que permanecen abiertos por 7 a 10 años sin un dictamen claro sobre si las acciones o la información presentada son correctas o incorrectas.
La secretaria plantea la modificación de la Ley de Responsabilidades, particularmente en lo que respecta a los delitos graves que involucran a funcionarios públicos. Esto como el caso de una red de contrabando de huachicol que involucra a agentes aduanales, de Marina.
Actualmente, los procedimientos administrativos para estos delitos son considerados “menores”, y la sanción más severa que se puede aplicar es a menudo una inhabilitación de un año. Esto, señaló Raquel Buenrostro, es insuficiente para la gravedad de los actos.
¿Cómo se reformaría la Ley de Fiscalización?
Se busca que la Ley de Responsabilidades refleje una mayor proporcionalidad entre la gravedad del delito y las sanciones administrativas impuestas. Esto, para complementar las acciones penales que son responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública.
Detalló que el retraso de los tiempo genera incertidumbre y dificulta el avance de los procesos, por lo que se busca establecer, de forma jurídica y específica, los tiempos de resolución para las autoridades dentro de la Ley de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esta propuesta es especialmente relevante de cara a la renovación del Auditor Superior en 2026. Esto, considerando las preocupaciones sobre la parcialidad del actual auditor, David Colmenares, quien enfrenta algunas denuncias en su contra por “acomodos políticos”. Aunque este nombramiento es de la competencia del Poder Legislativo.
