La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Sonora informó que la investigación sobre la explosión de la sucursal de Waldo’s arrojó fallas en los protocolos de seguridad como el Programa de Protección Civil, donde hay funcionarios de los tres órdenes implicados.
Esto ya que desde el 2021 el Programa Interno de Protección Civil (PIPC) tenía un saldo negativo. Desde entonces no se le hizo una evaluación nueva y continuó operando de esta forma hasta el incidente, en corrupción de funcionarios quienes revalidaron los permisos.
Tras descubrirse esto, la fiscalía informó que todos los trámites, permisos y documentos, están en revisión y análisis. Al respecto, el Gobierno de Sonora y el de Hermosillo informó que apoyará en toda la información que le pida la fiscalía para deslindar responsabilidades sobre esta explosión del Waldo’s.
Similitudes en explosión de Waldo’s y guardería ABC
Sobre este tema, Patricia Duarte Franco, integrante del Movimiento 5 de Junio y madre de uno de los menores fallecidos en la guardería ABC, expresó su indignación ante la repetición de tragedias por la falta de responsabilidad de las autoridades.
“Llegan ellos, se dan cuenta que no cumplen, no les dan el permiso pero dejan que sigan operando, así o más ineptos”, afirmó. Esto por la similitud entre esta explosión del Waldo’s y el incendio de la guardería, donde también hubo una falla en el programa interno.
Por lo mismo, la fiscalía le ordenó a la empresa detallar la documentación del mantenimiento al inmueble. Además, sobre el sistema eléctrico, sus organigramas internos y la cobertura de seguros vigentes, los cuales pasaran por escrutinio. Y es que, la información hasta el momento es que el incendio se originó por un transformador que no contaba con certificación de la CFE.
Cabe resaltar que tras esta explosión del Waldo’s fallecieron 23 personas, entre ellas cinco menores de edad. Además de 17 adultos, de los cuales hay dos sin identificar.
Recientemente, una extrabajadora de la sucursal acusó que, cuando trabajó en el inmueble le solicitaron a los empleados que anotaran sus nombres. Así como la ropa que llevaban en caso de que “se quemara todo” y pudieron identificarlos.
