La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a Esthela Damián Peralta como la nueva titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, tras la salida de Ernestina Godoy Ramos para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR).
Cabe recordar que, al saberse la salida de Alejandro Gertz Manero como fiscal general, la mandataria informó que la Consejería estaría a cargo de Raúl Jiménez, del equipo de Ernestina Godoy. El pasado 28 de noviembre, informó que mientras elegiría un nuevo titular “la próxima semana”, lo cual terminó tardando casi un mes.
Esthela Damián Peralta fue secretaria particular de Claudia Sheinbaum cuando entró a la jefatura de la Ciudad de México. Posteriormente, fue durante cuatro años la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México. Además de secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
¿Cuál es la experiencia de Esthela Damián Peralta?
Antes de ser nombrada como titular, se desempeñó como subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En este puesto, estuvo a cargo de la estrategia de atención de las causas de la violencia en la Ciudad de México.
Según la página del gobierno, Esthela Damián Peralta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Posteriormente, fue maestra en Educación, con orientación jurídica. Afirman que, en su formación como abogada y su servicio público se caracterizan por su especialización en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo y Derechos Humanos. Además de Derecho Electoral y protección de los derechos de niñas, niños y juventudes.
En su formación académica, se incluyen estudios de capacitación continua en Derecho Electoral, Derechos Humanos y Derecho Administrativo. Así como en Cobranza Coactiva y Participación Fiscal.
Asimismo, Esthela Damián Peralta participó en foros especializados en reformas fiscales, políticas de drogas, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Al igual que políticas públicas, diversidad familiar, fiscalización gubernamental y ética pública.
