Juan Pedro Romero Muñoz, servidor de la nación, acusó una presunta red de corrupción con los programas de Bienestar: “La Escuela Es Nuestra” y “La Clínica Es Nuestra”, en la región de Zacatlán, operada desde la delegación de Chignahuapan; en represalia, lo reubicaron a Teziutlán.
Ambos programas son de la Secretaría de Bienestar federal y coordinados en Puebla a través de la Delegación estatal que encabeza Rodrigo Abdala Dartigues, quien ya ocupó este cargo en la administración anterior antes de que buscara ser candidato a la gubernatura.
A través de un video publicado en su perfil de YouTube y en entrevista con este medio, contó que esta práctica viene ocurriendo desde el año pasado. Él, estaba adscrito al municipio de Ahuazotepec, de donde es originario y en el que daba seguimiento a los comités que se conformaron.
Corrupción en programas de Bienestar en Chignahuapan
Jorge Alberto Peláez Cortés encabeza este grupo, que controla la delegación de Bienestar en la región y opera desde Chignahuapan, aunque no tiene ningún cargo público en la dependencia. Sin embargo, fungió como operador político de Abdala Dartigues en 2023, cuando este buscó la candidatura.
Sin embargo, esto comenzó en marzo de 2023, cuando la Secretaría de Bienestar removió a Vicente Cabrera Luna como director regional. En su lugar, asignaron a Virginia Guevara Carmona, compañera de Peláez Cortés en la elección de delegados de Morena en el distrito.
Posteriormente, Guevara Carmona dejó la dirección en febrero de 2025 y la sustituyó su sobrina Yolanda León Quintero. En 2023, fue denunciada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por extorsionar a jóvenes del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y quedó radicado con el expediente 407017/2023.
Romero Muñoz relató que esta presunta red de corrupción se empezó a forjar desde marzo del 2023, aunque en esas fechas ya se tenían integrados los comités de ambos programas. Por ello, no pudieron “meter mano” para beneficiarse con los recursos.
Se deben integrar comités
En el caso del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) se conforma un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), que decide, en acuerdo con la asamblea, el uso de los recursos destinados a dignificar las condiciones de los espacios educativos públicos en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
Mientras que La Clínica es Nuestra (LCEN) funciona a través de un Comité de Salud y Bienestar (Cosabi) que se integra por personas de la comunidad, líderes, representantes de otras instancias; así como por usuarios de los servicios de salud, elegidos mediante asamblea.
De acuerdo con la información proporcionada a este medio, son dos escuelas y tres clínicas en las que se han visto estas prácticas, mismas que se detallan a continuación:
Escuela Cristóbal Colón, en la comunidad de Laguna Seca, en el municipio de Ahuazotepec, en donde Ahkin Gerardo Millán Sagredo, identificado como “supervisor”, de LEEN, cargo que no existe, advierte al comité que los contratos solo pueden ser con tres empresas específicas: Arquitect, Escala Arquitectura y Diseño, y CAS Construcciones.
En un audio hecho llegar se escucha decir: “no pueden ya ahorita cotizar con nadie más, esto quiere decir que la secretaría designó las empresas con las que pueden trabajar, estas constructoras están avaladas por la Secretaría”. Tras esto, amenaza con cancelar recursos del programa si no hacen caso de dicha instrucción.
La arquitecta es representada por Jase Moreno; Escala Arquitectur, por Miguel García y CAS Construcciones, por Jesús Ordoñez.
La otra escuela es el Preescolar José Pablo, del municipio de Tepango de Rodríguez, en donde acudió Gerardo Torres Barragán, actual enlace de LCEN, quien acude con directivos de una constructora para “imponerla” y que firmen el contrato, sin posibilidad de analizar otras opciones.
“Con este anexo establecemos que, de ahora en adelante, el presente contrato tendrá por efecto para insumos y mobiliario, dejando al anterior contacto valido, pero favoreciendo a nosotros como empresa”, se escucha a Torres Barragán en un audio hecho llegar.
Clínicas donde impusieron empresas
En el caso del programa LCEN, la empresa “impuesta” en la clínica Acolihuia, en el municipio de Chignahuapan, es la denominada Gubero, que tiene como representante a Javier Meza Guerra, quien labora en la Coordinación de Becas de la Unidad de Atención Regional (UAR).
Sin embargo, en un audio que comparte la enfermera María Elena Hernández, secretaria técnica del comité, acusa que esta empresa, después de mucho tiempo que se le dio el contrato, solo ha cumplido con el 40 o 50 por ciento de lo que se le pidió y de mala calidad.
“De lo que se pidió, trajeron tal vez la mitad, pero la calidad de los artículos, instrumental, equipo y mobiliario, la verdad es una porquería lo que esta manejando, de verdad de llorar compañeros”, expresó.
Aunado a esto, los amenazan en que si cancelan el contrato les cobran penalización y los pondrían en foco rojo como no susceptibles de nuevos apoyos.
Otro caso es el de la clínica de San Baltazar Xochitlalco, del municipio de Tepetzintla, en donde una mujer de nombre Mercedes Morales, servidora de la nación y representante de Meza Guerra, llama al comité el 14 de junio del 2024, pero sin el personal de salud y pide firmar el contrato con Gubero.
El tercer caso es el del Cessa de Chignahuapan, donde la enfermera Silvia Huerta Carrasco, que funge como secretaría técnica, a través de un video acusó que Mercedes Morales, llegó con premura a pedir que se firmara el contrato porque no le iba a dar tiempo que se metiera para recibir el apoyo.
Relató que en dicho comité les “impusieron” a Erica León Quintero, hermana de la delegada regional, como tesorera y acuso que la obra de mejoramiento de la unidad de salud está retrasada, ya que tenía que estar lista en noviembre y aunque se firmó una minuta para que los trabajos avanzaran, a la fecha no ha sido concluida.
