Pobladores de Eloxochitlán acusaron que hubo “imposición” del alcalde Delfino Hernández Hernández en el comité que recibirá el recurso del FAIS como pueblo indígena, pues integró a sus allegados; exigieron que se prioricen obras que sean necesarias para la comunidad.
En entrevista con Ángulo 7, Armando González Arrillaga, consejero regional indígena y habitante de Eloxochitlán, señaló que el alcalde no respetó las reglas de operación, pues existen 32 comunidades y, por lo tanto, debieron integrarse 32 comités.
Sin embargo, acusó que el edil solo “impuso” uno para concentrar todos los recursos que recibirán forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y que serán de manera directa de la Federación.
Relató que el 5 de junio se llevó a cabo la asamblea para que se eligieran los integrantes del comité, que son cinco personas: presidente, tesorero, secretario general, y dos vocales, pero el alcalde de Eloxochitlán “operó y pagó entre 200 y 300 pesos” a los habitantes para que votaran por su gente.
Y es que el programa establece que la elección debe ser democrática, justa, igualitaria y equitativa entre los habitantes de las comunidades indígenas, con el objetivo de que el comité quede integrado con la mayor representación de los pueblos, lo cual no ocurrió, lamentó Armando González.
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Alcalde “puso a su gente” en comité de FAIS
Armando González narró que una de las personas que quedó dentro del comité de FAIS es René Chávez Barbosa, quien fue regidor de Seguridad Pública, de Gobernación, y funge como su guardaespaldas, pero el alcalde negó que forme parte del ayuntamiento, ya que no está en nómina.
“El día de la elección, le ganamos a quien es ahora la tesorera, la propuesta que ganó la gente la propuso, pero el presidente desde sus oficinas estaba operando, mandó gente de choque y nos quitaron esa posición, solo nos dejaron dos espacios, como vocales”, remarcó
Explicó que solo dos personas de la comunidad fueron incluidas para administrar el FAIS, una en el comité de administración y otra en el de vigilancia, pero ambas como vocales, mientras que el resto de integrantes, que son ocho, son “gente a fin al presidente municipal”, lo que causó molestia entre los pobladores.
Refirió que el 12 de junio se conformó y quedó registrado ante el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas (CCPI) con sede en Tehuacán, que está a cargo de Leonel Becerra Lemus, quien tuvo que haber verificado que se cumpliera con los requisitos, lo cual no hizo, por lo que también hubo omisión del funcionario federal.
De igual forma, cuestionó que, en la delegación de los Programas Federales del Bienestar, tampoco se hayan percatado de esta situación.
“En el municipio son 32 comunidades, pero el presidente dijo que son 62, entonces hasta parajes integró, hay una intención maligna de registrar una y otra para que mueva sus cartas; yo no sé cómo lo hizo, porque se los pedimos y no nos lo dieron, fue a espalda del pueblo”, recalcó.
Mencionó que esta situación la dieron a conocer a las oficinas centrales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en donde les informaron. Que por los tiempos ya no se pueden registrar los comités que administrarán el FAIS, pero lo tratarán de manera particular con cada comunidad.
Esto será para el siguiente año, buscando que cada comunidad pueda organizarse y recibir apoyo adecuado conforme a sus necesidades y tiempos establecidos.
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Son 20.2 mdp los que tendrán
Esto también, porque están por liberarse los recursos de FAIS, que serán 20 millones 236 mil 728 pesos, los cuales, dijo, tienen conocimiento que el alcalde de Eloxochitlan solo quiere hacer rehabilitación de caminos, porque tiene una constructora, aunque con el nombre de su hermano Honor Hernández Hernández.
González Arrillaga señaló que, al controlar el comité, el presidente impondría obras del FAIS según su interés, ignorando las verdaderas necesidades comunitarias.
“La idea de nosotros, y yo como el único integrante de los pobladores es que vayamos en cada una de las comunidades decidan en la asamblea. Ahorita ya no se pueden registrar más comités, entonces lo que nos queda hacer es ir a los pueblos, que nos digan que necesitan y se priorice eso”.
Detalló que se pueden hacer dos formas: una es dividir el monto por número de comunidad o conforme a los habitantes que tenga cada una. Esto para que los recursos se apliquen de manera justa, pues advirtió que no permitirán que las obras se decidan sólo por el presidente.
Señaló que no se han convocado asambleas para definir qué proyectos se ejecutarán, como se pretende, lo cual genera inconformidad entre las comunidades.
Desde el año pasado, tras las reformas constitucionales, se estableció que los pueblos, comunidades, indígenas y afromexicanas son sujetos de derechos con personalidad jurídica propia.
Se reconoce que poseen patrimonio propio, lo que les permite decidir cómo ejecutar recursos públicos según sus necesidades y prioridades colectivas.
Para acceder, deben estar registrados en el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; esto garantiza su reconocimiento legal y acceso a los beneficios correspondientes.
Deben convocar y realizar una asamblea comunitaria con el fin de identificar y priorizar las necesidades de infraestructura que son urgentes para su comunidad.
También se requiere formar un comité de administración y uno de vigilancia, que serán responsables de gestionar los recursos y garantizar la rendición de cuentas.
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